Procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, anuncia indagación preliminar frente al caso de periodista francés secuestrado por las FARC
• “Se demuestra que el señor periodista estaba en circunstancias que podrían eventualmente comprometer a las autoridades militares. La sociedad y la Procuraduría no entienden en qué condiciones y quién autorizó a este periodista a estar en esos escenarios”, dijo el jefe del Ministerio Público sobre el comunicador francés Romeo Langlois.
• El procurador general afirmó que Langlois no es un “prisionero de guerra” y con su secuestro, las FARC demuestran no tener voluntad política de paz.
• También realizó declaraciones sobre la apertura de investigación a 21 controladores aéreos de Aerocivil, la destitución del exalcalde de Medellín Alonso Salazar y la actuación de la Procuraduría en los casos de corrupción en el sector salud.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se pronunció este lunes sobre el caso del periodista francés Romeo Langlois, secuestrado por la guerrilla de las FARC mientras registraba una operación militar en el departamento de Caquetá, y anunció que ordenó una investigación sobre este hecho para determinar qué autoridades civiles o militares autorizaron la presencia del comunicador en una zona de conflicto, aparentemente con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, y si con ello se presentaron faltas disciplinarias.
“Ordené hacer las indagaciones del caso. En el día de hoy se profirió el auto para que se iniciaran las indagaciones correspondientes para averiguar quién autorizó y si es cierto que portaba prendas militares”, dijo el procurador.
Según el jefe del Ministerio Público, no puede calificarse como “prisionero de guerra” al comunicador, “como lo pretende ese grupo terrorista”.
Investigación a controladores aéreos
El procurador general también hizo declaraciones sobre la apertura de investigación disciplinaria a 21 controladores aéreos de la Aeronáutica Civil por su presunta responsabilidad en irregular prestación del servicio.
Recordando que por la etapa del proceso existe reserva sobre el caso y no pueden hacerse mayores comentarios hasta que no se profiera un pliego de cargos, dijo que “podrían existir conductas que impliquen incumplimiento de deberes funcionales. Hemos encontrado elementos de juicio que permiten abrir formalmente la investigación y como lo dijimos en su momento, actuaremos, como siempre lo hemos hecho, con el criterio de defender el ordenamiento jurídico, el patrimonio público, el bien común y al ciudadano en general”.
Críticas del exalcalde de Medellín Alonso Salazar
Asegurando desconocer las críticas formuladas por el exmandatario de la capital antioqueña tras confirmarse su suspensión e inhabilidad por indebida participación en política, el procurador general reiteró que los servidores sancionados cuentan con garantías constitucionales y están en su derecho de acudir a los recursos que consideren pertinentes.
“No conozco esas críticas pero son normales. Es normal que los funcionarios públicos que resulten afectados con decisiones de la Fiscalía, de los jueces o de la Procuraduría acudan a los instrumentos de carácter legal, ya sean las impugnaciones, o los controles de legalidad que corresponda (…) No me preocupa, no me mortifica, sino todo lo contrario, está en su derecho de acudir a los controles correspondientes”.
Intervención de la Procuraduría frente a actos de corrupción en el sector salud
Finalmente el jefe del Ministerio Público recordó el trabajo de la Entidad en lo referente a denuncias de corrupción en el sector salud y puntualizó sobre las críticas hechas por la contralora delegada Adriana Pozo, ante supuestas falencias de los órganos de control e investigación en este tema.
“Desconoce lo que la Procuraduría está haciendo en esas materias. Hay varios procesos que están adelantados sobre esos aspectos, incluso hay algunos dentro de los cuales ya se han proferido pliegos de cargos. Es simpática esa declaración porque no corresponde a la realidad y es parte de la emotividad de dicha funcionaria”.