Procurador general de la Nación advierte a presidente Santos sobre inconveniencia de venta de ISAGEN y posible violación del ordenamiento jurídico, si esta llega a realizarse en las condiciones actuales

 

 

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, advirtió al presidente de la República que la venta de ISAGEN podría implicar un detrimento patrimonial sin antecedente en la historia del país.

 

La venta de ISAGEN no “es un buen negocio” expresó el procurador en la misiva enviada al jefe de Estado, en la además señaló que si bien el precio fijo por acción de $3.178 (definido por Decreto en el año 2013) se ajustó basado en el índice de precios al consumidor (IPC), el mismo no equipara la variación en términos de pagos en divisas que se estimó en la estrategia de venta, con lo cual se podría llegar a producir un grave detrimento para el tesoro nacional. 

 

En consecuencia, a juicio del Ministerio Público, si el Gobierno Nacional insiste en vender ISAGEN en las actuales condiciones “(…) se perderían dos billones trescientos setenta y seis mil doscientos treinta y ocho millones quinientos trece mil novecientos veinte pesos ($2.376.238.513.920), que representan el 0,46 dólar menos que se pagaría por la acción, en comparación con el valor inicial estimado por el Gobierno Nacional en el año 2013” (sobre la base de 1.571.919.000 de acciones). 

 

En su misiva el procurador se refirió además a los impactos de este proceso planteados por la Contraloría General de la República y específicamente a la presión que este proceso generará para las finanzas públicas, teniendo en cuenta el monto de los dividendos que dejará de percibir anualmente para la financiación del gasto público. En ese sentido, agregó que la pérdida de dichos ingresos, y su falta de sustitución por activos productivos que permitan el retorno inmediato de inversión, podrían generar el cobro de más impuestos a los ciudadanos.

 

Esta situación, sumado al aumento de la inflación y al impacto que pueda tener la venta en las tarifas del servicio de energía, podría hacer más gravosa la situación económica de los colombianos y “el Gobierno Nacional no debería pasar esto por alto”, agregó el procurador.

 

Finalmente el jefe del Ministerio Público sugirió varias opciones para cubrir los recursos que se pretenden obtener con dicha venta:

 

La primera de estas está asociada a un trabajo por parte del Gobierno Nacional mucho más eficaz en la lucha contra la corrupción y un compromiso con la defensa del patrimonio público para evitar que se sigan robando los recursos públicos.

 

Así mismo, planteó al Gobierno austeridad en el gasto y no promover más burocracia costosa e ineficiente que afectan el presupuesto público.

 

Por último, agregó el procurador “el Gobierno debe acabar con la llamada “mermelada”, vena rota del presupuesto público atada a apetitos clientelares”.