Procurador general de la Nación hace un llamado para garantizar los fines esenciales de la industria minera y la competitividad de la industria petrolera
- El jefe del Ministerio Público instó al gobierno Nacional para que adopte las medidas necesarias y efectivas para que los responsables de la minería ilegal respondan ante la justicia por los delitos cometidos y reciban las penas que correspondan.
- Manifestó su preocupación por la ineficacia del Estado para vincular en actuaciones penales a los responsables de la minería criminal. “Es prueba de la absoluta ineficacia del Estado para ejercer el poder punitivo contra un delito que es hoy una empresa de carácter transnacional”.
- “Existe una peligrosa tendencia de algunos sectores a convertir en sinónimo de despojador y criminal a las empresas mineras y petroleras. ¡Eso hay que decirlo con claridad!”
- La inadecuada interpretación por parte del gobierno Nacional del Auto 073 de 2014, amenaza las actividades minera y petrolera.
- “Si el gobierno actúa con la misma ligereza y sin fundamento jurídico y técnico científico, como lo hizo respecto al glifosato, la actividad minera estará en peligro”.
En el marco del “Congreso Internacional de Minería y Petróleo, CINMIPETROL 2015” el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, mostró su preocupación por la actual coyuntura que afronta la industria minera colombiana y reiteró la necesidad de lograr una eficiente coordinación interinstitucional con el fin de asegurar los fines esenciales de esta industria y el uso eficiente de los recursos naturales.
En su intervención al cierre del citado congreso que se desarrolló en la ciudad de Cartagena (Bolívar), el jefe del Ministerio Público manifestó su preocupación por la amenaza que se cierne sobre la minería y el petróleo como consecuencia del uso sin fundamento científico y jurídico del principio de precaución por parte del gobierno Nacional.
Se pronunció sobre el retroceso que en materia de seguridad jurídica se percibe en el país que en materia de seguridad jurídica se percibe por la poca articulación que en ocasiones exteriorizan las autoridades ambiental y minera alrededor de significativos y trascendentales temas del sector.
En ese sentido advirtió, que la regulación de la actividad sectorial debe obedecer a decisiones de Estado, así como a políticas y acciones públicas coherentes e integrales.
Señaló además que los efectos de la caída de los precios del petróleo disminuyen la rentabilidad del negocio y desestimulan las nuevas inversiones en esta actividad y afectan notoriamente las finanzas públicas del país y afectan los recursos provenientes de regalías, porque “se dejan de recibir importantes recursos fiscales, pues el porcentaje significativo de los ingresos del Estado, proceden de la explotación del crudo; por los demás, desde el ámbito empresarial puede acarrear un retroceso en la búsqueda y logros de dicha industria”.
Ante situación el jefe del órgano de control exhortó a las instancias competentes para que adopten medidas especiales que permitan reactivar la industria y a su vez, ajustar las políticas públicas a la realidad de este sector.
Formalización minera
En esta materia, el jefe del Ministerio Público hizo hincapié en la obligación en cabeza del gobierno de implementar una estrategia para diferenciar la minería informal de la minería ilegal, pues a la fecha no se observa un desarrollo normativo que brinde una caracterización de estos tipos de minería lo que ha generado que, en la mayoría de casos, algunos miembros informales sean tratados como delincuentes y sean procesados.
De las 8.500 solicitudes que fueron presentadas únicamente se aprobó una solicitud, se encuentran en evaluación 3.813 y fueron archivadas 4.686 solicitudes que corresponden a un porcentaje del 55.12%, resultados que no parecen reflejar avances en estos procesos.
En ese sentido, el procurador general calificó como fallidos y poco exitosos los esfuerzos del gobierno para establecer una estrategia nacional para formalizar toda la actividad minera informal y, por ello, recabó sobre la necesidad de implementar una política de formalización minea que sea eficaz e incluyente. “¡Al Gobierno Nacional hay que pedirle que cumpla!, señaló.
De otra parte, al referirse a la extracción ilícita de minerales el doctor Ordóñez Maldonado exhortó al gobierno Nacional para que adelante una revisión de la normativa minera y se tipifique el concepto de lo que se considera minería ilegal y se establezcan las correspondientes sanciones.
Así mismo, reiteró el llamado para autoridades de los niveles nacional y territorial trabajen conjuntamente en la ejecución de estrategias orientadas a la prevención, control y sanción que posibiliten viabilizar la erradicación de esta actividad.
Restitución de tierras
En esta materia, el Procurador señaló que en desarrollo de los acompañamientos preventivos, se han identificado varias falencias que viene afectando la industria extractiva y que “contrario a lo manifestado por el gobierno nacional, sí tiene que ver con el sector minero o de hidrocarburos, pues hemos visto con preocupación cómo se viene solicitando la suspensión y nulidad de títulos otorgados legalmente, y cómo la industria extractiva viene respondiendo por circunstancias de despojo o desplazamiento que no fueron propiciadas por ella, sino por grupos al margen de la ley que fomentaron la extracción ilícita de minerales”.
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Tras analizar los artículos de la ley del señalado plan en lo concerniente a la minería e hidrocarburos, la Procuraduría advirtió que en este documento se han incluido adiciones y modificaciones a los regímenes que regulan estos sectores que en su mayoría derivan en cambios sustanciales a los Códigos de Minas y de Petróleos, lo cual desborda el alcance y objeto del Plan de Desarrollo.
Durante su pronunciamiento el jefe del ministerio Público recordó que el 11 de mayo de 2013 venció el término para que adelantaran las medidas legislativas dirigidas a reformar el Código de Minas, sin que a la fecha se haya procedido en ese sentido, por lo cual, a juicio del Ministerio Público, mal podría utilizarse la ley del Plan de Desarrollo con este fin.
Por lo anterior, el procurador general insistió en la necesidad de implementar una reforma a la ley minera orientada hacia una minería responsable y que incluya todas las adiciones, cambios y demás regulaciones que se consideren necesarias para atender la situación de este sector.
Peligrosa amenaza contra las actividades minera y petrolera del país
El jefe del Ministerio público fue enfático en afirmar que en esta materia la economía de mercado requiere de dos condiciones indispensables: seguridad jurídica y la estabilidad política pero, agregó, que es esta última es la que determina la seguridad o la inseguridad jurídica.
Señaló además que, bajo esta óptica, preocupa la estabilidad política del país pues estamos enfrentados a la incertidumbre propia de un proceso de negociación con un grupo armado organizado al margen de la ley que pretende derrocar la Constitución y el orden social, político y económico existente.
“El Gobierno ha insistido en que no se negocia el modelo económico con las FARC y eso da tranquilidad, pero al leer los tres acuerdos parciales alcanzados en La Habana hay suficientes razones para preocuparse y que potencialmente pueden afectar las reglas de juego del sector minero y petrolero”.
Para el procurador general también existe una grave amenaza sobre la seguridad jurídica. Por ello advirtió que el uso sin fundamento científico y jurídico del principio de precaución, como se hizo ayer por parte del Gobierno Nacional en el marco del Consejo Nacional de Estupefacientes, es una puerta que potencialmente puede afectar de manera muy grave, gravísima, la actividad minera y petrolera.
Ahora bien, la interpretación inadecuada del gobierno del Auto 073 de 2014 de la Corte Constitucional para justificar la suspensión de la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato también amenaza peligrosamente la actividad minera y petrolera.
Por ello, durante su intervención, el jefe del Ministerio Público reveló hoy al país que la orden número 15 de ese Auto se refiere como factores de riesgo a las actividades de aspersión con glifosato y también, lo señalo literalmente, a las actividades de “exploración y explotación minera”.
Este Auto señala que ambos son factores de riesgo para las comunidades que habitan en el pacífico nariñense y que con base en estudios que ordena al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente se debe determinar la aplicación del principio de precaución.
No obstante, es necesario precisar que los efectos del Auto no solo se aplican al departamento de Nariño sino a todas las zonas del país en las que se presenten situaciones similares a las ya señaladas.
De acuerdo con el Auto 073 de 2014, en caso de que no se llegue a una conclusión definitiva en tales estudios “sobre la inexistencia de un riesgo actual, grave e irreversible para el medio ambiente y/o la salud de las personas”, producto de la actividad minera, se ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “dar aplicación inmediata al principio de precaución y ordenar la suspensión de las actividades”.
Es decir que una vez se concluyan los estudios técnico - científicos sobre el impacto de las actividades de aspersión con glifosato y la exploración y explotación minera, el Gobierno, igual que lo hizo prohibiendo la aspersión de cultivos ilícitos, podría solicitar la aplicación del principio de precaución y suspender la actividad minera.
“Si el gobierno actúa con la misma ligereza y sin fundamento jurídico y técnico científico, como lo hizo respecto al glifosato, la actividad minera estará en peligro”, puntualizó.