Procurador general de la Nación lideró mesa de trabajo sobre el proyecto 'Túnel del Toyo y sus vías de acceso'
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en cumplimiento de la función preventiva prevista por la Constitución Política, y de manera particular por el Decreto 262 de 2000, cuyo objeto principal es proteger y promover los derechos fundamentales, en pro del cumplimiento de los pilares institucionales como la protección del ordenamiento jurídico y la salvaguarda de los recursos públicos, lideró hoy una reunión que tuvo como finalidad socializar el informe de cierre de las mesas de trabajo realizadas en torno a la situación de la ejecución del contrato relacionado con el Proyecto denominado Túnel del Toyo y sus vías de acceso.
Se contó con la asistencia del señor gobernador de Antioquia, el director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), la secretaria general de la Alcaldía de Medellín, así como funcionarios del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Auditoría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
La actuación de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública se circunscribió a la de un tercero imparcial que facilitó el acercamiento de las partes del convenio interadministrativo de colaboración antes mencionado, con la finalidad que se lograran consensos, frente a las inquietudes presentadas por funcionarios de la Gobernación de Antioquia, relacionadas especialmente con el proceso licitatorio, el contrato de obra y el contrato de gerencia integral, suscritos por la administración departamental, buscando garantizar los derechos de los ciudadanos y el interés colectivo.
Como resultado de las mesas de trabajo se conocieron las posiciones de las partes del Convenio Interadministrativo de Colaboración, las cuales se conservaron invariables, sin embargo, a pesar de las diferencias planteadas se abre la posibilidad de que la administración departamental evalúe y analice su posición. Así mismo fue evidente la anuencia frente a la posibilidad de que se adelanten conversaciones entre la administración territorial y el contratista, con la finalidad de lograr una modificación al contrato de obra que permita solucionar algunas de las situaciones que inquietan a la entidad contratante.
La Procuraduría General de la Nación deja claro que la actuación preventiva no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas. De igual manera no expide conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de la vigilancia; de allí que las recomendaciones efectuadas no obliguen a los sujetos de esta.
De la misma manera, la actuación preventiva integral en materia de contratación estatal tampoco puede constituir prejuzgamiento; en tal sentido, las observaciones que se presentan en desarrollo de ésta se fundamentan en argumentos legales, jurisprudenciales o doctrinales, sin valoraciones subjetivas, ni incriminaciones respecto de la conducta de los servidores públicos o particulares involucrados.
Finalmente, el jefe del órgano de control señaló que si la Gobernación de Antioquia y el contratista toman la decisión de suscribir un otrosí al contrato de obra pública, se estará atento a observar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas por las partes, dentro de las competencias propias de la función preventiva.