Procurador general de la Nación pide incluir en Centro de Memoria Histórica todas las acciones cometidas por todos los grupos armados ilegales de Colombia

• El reto es garantizar a los colombianos la preservación completa y no parcial de la memoria histórica.

El Centro de Memoria Histórica tiene el deber de documentar todas las acciones cometidas por todos los grupos armados ilegales y no solamente las de algunos de ellos, afirmó el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado.

En  su pronunciamiento, el Ministerio Público expresó su preocupación porque la preservación de la memoria histórica únicamente se haga en relación con un actor armado, como ha venido ocurriendo con los informes emblemáticos del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación Reconciliación.

Al respecto, solicitó a todas las entidades estatales que tienen en su poder estos archivos documentar los crímenes de todos los actores armados y adelantar las acciones necesarias para proteger los archivos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Llama la atención del Ministerio Público el hecho de que algunas entidades que tienen a cargo estos archivos de derechos humanos y DIH no están cumpliendo a cabalidad con la Ley General de Archivos, cuyo objetivo es establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado, y los Acuerdos del Archivo General de la Nación.

En ese sentido, advirtió que las entidades estatales no cuentan con inventarios de la totalidad de los expedientes; no se registra en el debido formato el número de folios; no se cuenta con asignaturas topográficas.  En muchos casos se encontró que no se habían diseñado ni implementado sistemas integrados de conservación que garanticen la integridad física y funcional durante todo el proceso de producción documental.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Procuraduría exhorta a todas las entidades públicas para que mediante el diseño y la ejecución de políticas que cuenten con los debidos recursos administrativos, logísticos y de gestión, asuman sus deberes archivísticos en aras de superar las  dificultades y carencias advertidas.

De igual forma, pidió a Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que -en aras de la verdad y la memoria colectiva- expida y aplique los Acuerdos necesarios para el manejo archivístico en todo el país de los diversos expedientes judiciales que aludan a derechos humanos y DIH que involucren a todos los grupos armados ilegales.

Así mismo, exhortó a todas las entidades estatales con funciones en la Ley 1448/2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) para que desde el inicio de sus actividades acaten lo dispuesto en la Ley 594/2000 (Ley General de Archivos) y en la Directiva 001 de 2010 del Procurador General de la Nación.

Por último, la Procuraduría reiteró su petición al Archivo General de la Nación para que expida los acuerdos necesarios para reglamenten lo concerniente a los archivos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta las características propias del tema de memoria histórica, y continúe impulsando el diseño de los planes de mejoramiento archivístico que requieren las entidades visitadas por el Grupo de Inspección y vigilancia y las que aún no han sido visitadas, y en consecuencia,  acompañe su ejecución.