El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales establecidas en el Artículo 277 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 262 de 2000, por los cuales debe vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, así como defender los intereses de la sociedad, en consideración al prolongado cese de actividades laborales que se presenta en la Rama Judicial y en la Fiscalía General de la Nación, reitera su respetuoso llamado a quienes persisten en la negativa de normalizar la prestación del servicio esencial de justicia, para que se restablezca dicho servicio y los exhorta a tener en cuenta las acciones que los diferentes actores del Gobierno Nacional, funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, han adelantado para superar esta grave situación.
En consecuencia, es preciso honrar y cumplir el Acta de Acuerdo suscrito el 6 de noviembre de 2012 por los diferentes representantes del Gobierno, de funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en el que se reconoció el derecho a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4 de 1992. El Gobierno Nacional dispuso de la suma de un billón doscientos veinte mil millones de pesos ($1.220.000.000.000) para realizar la nivelación salarial a que tienen derecho los citados funcionarios. Los representantes del movimiento de protesta se comprometieron a reanudar la prestación del servicio a partir del día 7 de noviembre de 2012 y a recuperar el tiempo dejado de laborar con motivo de dicho cese. En el mismo documento se acordó conformar una Mesa Técnica paritaria para determinar la manera como se aplicará la nivelación pactada.
De otra parte, se debe tener en cuenta que la administración de justicia es un servicio público esencial. La Constitución Política en el artículo 229 garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, por lo cual esta función pública fue catalogada como un servicio público permanente, de carácter esencial por la Ley 270 de 1996 en su artículo 125 y tiene como fin último el cumplimiento de los cometidos estatales asignados a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se requiere una pronta y decidida administración de justicia.
Por todo lo anterior, la Procuraduría General de la Nación previene a los diferentes funcionarios y empleados de la Rama Judicial y les exhorta a reanudar sus funciones Constitucionales y legales; al igual que les solicita que las diferencias se estudien en la Mesa Técnica conformada por el esfuerzo alcanzado en el acuerdo suscrito.