Procurador general de la Nación solicitó al Consejo de Estado prelación de trámite y unificación de jurisprudencia sobre reconocimiento del IPC en asignación de retiro de las Fuerzas Armadas
Por considerar que se reúnen los supuestos para afirmar que se está ante una controversia de especial trascendencia social y de evidente importancia jurídica, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó al Consejo de Estado disponer la prelación en el trámite y en la decisión definitiva de expedientes relacionados con litigios derivados de la inaplicación del índice de precios al consumidor, IPC, en las asignaciones de retiro de miembros de la reserva de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
La solicitud recoge las peticiones formuladas por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, a fin de que la Procuraduría General de la Nación intervenga ante el Consejo de Estado para solicitar la unificación de jurisprudencia sobre peticiones radicadas por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Cremil.
Para el jefe del Ministerio Público, la pronta unificación de la jurisprudencia en este sentido que se debe concretar en la expedición de los respectivos fallos, debe precisar los factores y parámetros a seguir para la liquidación de las asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Explicó que tal decisión reviste especial importancia jurídica dada su trascendencia social, en la medida que con ella se permitirá concretar una estrategia jurídica de conciliación extrajudicial y judicial que brindará solución a más de 70 mil conflictos existentes, con lo cual se incidirá de manera favorable en la descongestión de los despachos judiciales.
El procurador manifestó que las decisiones que adopte el Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo estará signada por la premisa de velar por la defensa del patrimonio público y la efectividad, garantía y protección de los derechos laborales de quienes prestaron sus servicios a las Fuerzas Militares y de Policía del Estado colombiano.
La conflictividad judicial relacionada con el reconocimiento del Índice de Precios al Consumidor, IPC, en la asignación de pensión de militares y miembros de la Policía Nacional, representa cerca del 30 % de los procesos que cursan ante juzgados y Tribunales administrativos, por lo que la conciliación representará un alivio en las cifras de congestión judicial en reclamaciones que ascienden a 1.1 billones de pesos aproximadamente.