Procurador hace un llamado a los actores del sector minero, de hidrocarburos y al Estado a articular y multiplicar esfuerzos en favor de la competitividad de esta industria en Colombia

• El jefe del Ministerio Público instaló hoy en Bogotá el foro de 'Actualidad y Desafíos de la Industria Extractiva en Colombia'', organizado por el Grupo de Minas, Hidrocarburos y Regalías de la Procuraduría con el apoyo del Instituto de Estudios del Ministerio Público, la Asociación Colombiana de Comercializadores  de Minerales (Acomi) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Con la presencia del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y el ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, se inició formalmente el foro ‘Actualidad y Desafíos de la Industria Extractiva en Colombia’, organizado por el Grupo de Minas, Hidrocarburos y Regalías de la Procuraduría con el apoyo del Instituto de Estudios del Ministerio Público, la Asociación Colombiana de Comercializadores  de Minerales (Acomi) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

El objetivo de este evento es generar un espacio de diálogo que reúne a todos los actores de este sector, con el propósito de discutir la situación actual de esta industria y llegar a conclusiones concretas que beneficien al país.

Durante su intervención, el jefe del Ministerio Público exhortó a los mandatarios territoriales (electos) de regiones productoras de minerales e hidrocarburos a integrar como parte de sus responsabilidades una revisión de los marcos legales que regulan estas industrias extractivas, y a analizar el rol que desempeñan los departamentos y municipios para cumplir y hacer cumplir los preceptos legales que en esta materia se les hace.

El llamado es a articularse con los demás organismos públicos y privados, gremios mineros y petroleros para trabajar de manera articulada y eficiente en este frente de desarrollo. En esa labor “la Procuraduría tiene las puertas abiertas para escuchar y atender las expectativas, inquietudes y demandas de todos los sectores de la sociedad involucrados”, puntualizó el  procurador general.

Desestímulo de la inversión en el país

En desarrollo de este foro, el jefe del órgano de control se refirió de manera puntual a los cambios generados en esta industria como consecuencia de factores como la incertidumbre jurídica que ha generado un desestímulo para los inversionistas extranjeros, situación que conlleva una evidente pérdida de competitividad.

Este fenómeno se ha visto exacerbado por situaciones como las demoras de las entidades minero-ambientales para resolver los asuntos de su competencia  y “peor aún, como en algunas ocasiones ha sucedido, por la denegación absurda y a veces incoherente de sus solicitudes y trámites administrativos”, agregó.

El procurador Ordóñez Maldonado también hizo hincapié en fenómenos como el incremento de la extracción ilícita de minerales que representan una amenaza para los títulos mineros legalmente otorgados, pues los amparos administrativos ya no se constituyen en una herramienta suficiente, dada la magnitud de este problema, lo que demanda una atención inmediata por parte de la autoridad minera.

“En el peor de los casos, el ejercicio de la minería sin los requisitos legales y técnicos genera tragedias que cobran vidas humanas y causan un impacto ambiental difícil de reparar, como sucedió en los municipios de Amagá, Buriticá y Angelópolis (Antioquia), así como en Riosucio, (Caldas), entre otros”, puntualizó.   

Por ello, desde el ámbito preventivo la Procuraduría General de la Nación insiste a los diferentes actores estatales en la implementación de una política de formalización minera que cumpla con adecuados estándares técnicos, económicos, laborales, sociales y ambientales.

Regalías

Por último, al referirse a los recursos de regalías que se constituyen en una fuente de financiación para las entidades territoriales, el procurador Alejandro Ordóñez recordó a los mandatarios electos que “a 30 de septiembre del cursante año han sido suspendidos los giros de regalías a más de 400 entidades ejecutoras, por omitir el cumplimiento de su obligación de registrar la información correspondiente en los términos y plazos establecidos en la ley”.

En ese sentido, el llamado del jefe del Ministerio Público es a hacer un uso responsable este tipo de recursos a fin de garantizar una mejor calidad de vida los diferentes sectores sociales que se benefician de estas, y a plantear estrategias eficaces para atraer la inversión y fortalecer la competitividad de la industria como pilar del desarrollo nacional.    

Finalmente, concluyó que “en aras de que la regulación de la actividad sectorial obedezca a decisiones de Estado, se insiste en la necesidad de establecer una eficiente, coherente y armónica coordinación interinstitucional, con el objeto de asegurar de la mejor forma posible, el cumplimiento de los fines esenciales de las referidas industrias y el uso eficiente de los recursos naturales”.