Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra exservidores de la ANI por posibles irregularidades en contrato de concesión
Actualización
Bogotá, D. C., 25 de enero de 2024 (@PGN_COL). La Procuraduría General de la Nación informa a la opinión pública que, tras una exhaustiva investigación, se ordenó archivar el proceso disciplinario que vinculaba al exvicepresidente de gestión contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Andrés Figueredo Serpa, y a la entonces gerente de proyectos de dicho organismo, Dina Rafaela Sierra Rochels.
Este proceso se inició en relación con posibles irregularidades en el seguimiento a la ejecución del contrato de concesión portuaria celebrado con el Concesionario Sociedad Puerto Brisa S.A. Sin embargo, conforme a los elementos probatorios presentados en el expediente, en particular el pacto de amigable composición suscrito entre la ANI y el Concesionario el 26 de abril de 2019, se evidenció que ambas partes, tras la exposición de elementos técnicos y financieros, lograron un entendimiento respecto de la corrección en la valoración de la deuda y el pago de la contraprestación.
La Procuraduría destaca que las partes mediante el mecanismo de amigable composición corrigieron el cálculo de la contraprestación, ajustando así a derecho el contrato de concesión. En consecuencia, se procedió al archivo definitivo de la investigación.
• El Estado no habría percibido la totalidad de la contraprestación por las aéreas concesionadas, ocasionándose una afectación patrimonial por USD$5.022.129,86 incluidos los intereses.
Bogotá, 18 de agosto de 2021. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exvicepresidente de gestión contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Andrés Figueredo Serpa, y la exgerente de proyectos o funcional de ese organismo, Dina Rafaela Sierra Rochels, por posibles irregularidades en el contrato de concesión portuaria celebrado con el Concesionario Sociedad Puerto Brisa S.A.
De acuerdo con las pruebas recaudadas, en febrero de 2014 los intervinientes en este contrato habrían advertido un error en el cálculo inicial de la contraprestación pactada a favor del Estado y como consecuencia de ello, la concesionaria habría dejado de pagar a la Nación USD$5.022,129,86 durante los años de concesión ya ejecutados (2010-2013).
Tras establecer este valor, en enero de 2016 el concesionario solicitó a la ANI un reajuste a esta cifra por un aparente error de cálculo que fue aceptado por la Agencia. No obstante, dicha situación no se habría oficializado a través de un documento que modificara lo pactado en los documentos suscritos en 2014.
El Ministerio Público también busca establecer si se presentaron falencias en las funciones de supervisión e interventoría al no requerir al concesionario respecto del primer pago que este debía realizar en febrero de 2016, en contraprestación por las aéreas concesionadas.
APCH/jpm | Fecha Publicación: miércoles, 18 agosto 2021 07:50 AM