Boletín 550

Procuraduría General de la Nación acompañó preventivamente el proceso de licitación para la operación del chance de Córdoba

Fuente: PGN
Fecha Publicación:

  • Este acompañamiento garantiza que el contratista cumpla con sus obligaciones rentísticas a favor de la salud del departamento.

 
La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de la función preventiva consagrada en el artículo 24 del Decreto Ley 262 de 2000, realizó control de gestión al proceso de licitación pública adelantada por la Gobernación de Córdoba cuyo objeto es recibir propuestas para la selección del contratista encargado de ejecutar mediante un contrato de concesión, la operación en forma exclusiva del juego de chance en ese departamento por el término de cinco años, contados a partir del próximo 20 de agosto de 2014 y hasta el 19 de agosto del año 2019, según las leyes 643 de 2001 y 1393 de 2010 y sus Decretos reglamentarios.
 
En este sentido, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en aras de garantizar el interés general y social y los recursos derivados del arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud del departamento de Córdoba, acompañó, desde la etapa de pre-pliegos, a la Gobernación en tal proceso de licitación del chance, haciendo reuniones con diferentes funcionarios y asesores de la entidad y formulando observaciones encaminadas a garantizar los principios de la gestión contractual, especialmente, la libre concurrencia, selección objetiva y la transparencia.
 
El proceso de licitación fue adjudicado el pasado lunes 4 de agosto a la empresa Apuestas de Córdoba S. A., quien en su oferta promete mejorar en buena medida la operación del juego en el departamento, protegiendo a los vendedores y colocadores del chance del departamento y ofreciendo, en comparación del contrato que está próximo a vencerse, mayor y mejor tecnología en la operación del juego del “chance”. 
 
Para esta Delegada, es fundamental que los departamentos, garanticen la efectividad de los derechos a la salud a través de la consecución de recursos que ayuden a cubrir dichas necesidades, a través de la correcta planeación y estructuración de procesos de licitación que adelanten dicho entes territoriales.

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