Procuraduría General de la Nación presentó al INVIAS recomendaciones sobre el Túnel de La Línea
La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 24 del Decreto 262 de 2000 y teniendo en cuenta el acompañamiento que viene realizando a las mesas de trabajo producto de acuerdo conciliatorio para la culminación del contrato 3460 de 2008 entre Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Unión Temporal Segundo Centenario, referente al Túnel de la Linea, le presentó al director general de dicho Instituto, Carlos Alberto García Montes, una serie de recomendaciones y solicitó información del estado de ejecución del contrato.
Algunas de estas señalan que ante la solicitud de prórroga que ha requerido el contratista, se sugiere contar con los soportes técnicos, legales, presupuestales o de otra índole que justifiquen la eventual prórroga, que se cuente con los estudios que soporten la mayor permanencia de la obra, y que se analice de manera minuciosa si el término solicitado (3 meses) es suficiente para la culminación del proyecto.
Advierte el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que si como resultado de los procesos que adelanta el INVÍAS por presunto incumplimiento, o si previo a la finalización del plazo otorgado, se declara la terminación unilateral del contrato, se debe contar con estudios que soporten las consecuencias jurídicas, técnicas, económicas, de tiempo para finalizar el proyecto, cobertura de los riesgos derivados, presupuesto para una nueva contratación, entre otros aspectos.
De igual forma, el órgano de control solicitó un informe ejecutivo en el que se indique el estado de ejecución del contrato de obra, porcentaje avances y el estado financiero del proyecto, así como el estado financiero de la Fiducia GNB Sudameris. También se le solicitó al INVÍAS aclarar cuál es el procedimiento establecido para efectuar los desembolsos y pagos al contratista.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación recordó que es parte de su misión “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que eso implique coadministración o intromisión en las gestiones de las entidades y respetando el principio de autonomía institucional.