Procuraduría General de la Nación realiza vigilancia especial a situación ambiental en área de influencia de actividades de cargue de la multinacional Drummond
La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su función preventiva, dispuso una vigilancia especial para el seguimiento de la situación ambiental del área de influencia de las operaciones de cargue de la multinacional Drummond, y estará atenta a los resultados de la investigación que adelante la Corporación Autónoma Regional de Magdalena (Corpamag) respecto de la reciente aparición de una mancha de carbón en las playas de la zona.
Adicionalmente, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, este organismo de control le solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptar las decisiones que sean necesarias para implementar un adecuado seguimiento al funcionamiento del sistema de cargue directo de carbón, que desde el pasado primero de enero se debe realizar en los puertos marítimos y fluviales del país.
Considera el Ministerio Público que para esta labor debe ser coordinada la gestión de las autoridades que integran el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y que se debe dar atención prioritaria a la red de monitoreo de calidad del aire para que se cuente con el suministro de información oportuna y de calidad sobre este aspecto, fundamental para la salud de los habitantes de la región.
Actuaciones previas de la Procuraduría
En comunicaciones remitidas el 11 de marzo y el 28 de agosto del 2013 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), respectivamente, la Procuraduría General de la Nación requirió informes sobre la situación de la infraestructura portuaria frente al plazo máximo establecido en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo para la implementación del sistema de cargue directo de carbón, e instó puntualmente a la ANLA, en sede preventiva, para que implementara su discrecionalidad de manera que dicho plazo se cumpliera estrictamente por parte de todos los operadores.
El Ministerio Público ejerció asimismo sus competencias de intervención en el proceso que derivó en la sanción económica contra la multinacional Drummond por el derrame de carbón en el puerto de Santa Marta, y ha adelantado seguimiento permanente a la gestión de las autoridades ambientales competentes.