Procuraduría General de la Nación, mediante acción popular, logró que se restablecieran los derechos patrimoniales y sociales de campesinos de Canalete (Córdoba)

Gracias a la acción popular presentada por la Procuraduría General de la Nación, siendo demandado el municipio de Canalete (Córdoba) por el incumplimiento a obligaciones de Ley que conllevó al desmejoramiento de derechos económicos y sociales de campesinos y pequeños productores del sector rural, quienes durante un lapso de tiempo no contaron con asistencia técnica ni apoyo institucional, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Montería dio la razón al Ministerio Público.

El operador judicial declaró que el municipio de Canalete con su omisión vulneró el derecho colectivo al patrimonio público, respecto de los habitantes de esa localidad, más exactamente los campesinos de la zona rural, y por ende ordenó que les fueran protegidos los mismos derechos demandados.

De igual forma, el juez ordenó al municipio de Canalete, que de conformidad con el Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural, de que trata el Decreto 3199 de 2002, proceda a invertir en los programas o proyectos dirigidos a los pequeños productores de dicho ente territorial, y en el caso en que el municipio no cuente con el este plan, que proceda a su elaboración, para lo cual se le concedió un plazo de tres meses.

Con la acción popular interpuesta en defensa de los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y del patrimonio público, por medio de la Procuraduría 10 Judicial 11 Ambiental y Agraria de Córdoba, se logró que se ordenara al municipio demandado a transferir a favor del Centro Provincial de Gestión Agro-Empresarial de la región costanera del departamento de Córdoba el porcentaje de los recursos correspondiente a los años 2006 y 2007, así como de los meses de enero a abril de 2008, de acuerdo con las leyes 715 de 2001 y 607 de 2000.