Procuraduría General de la Nación acompañó proceso de licitación para la adjudicación de explotación del chance en Atlántico
• La actuación preventiva se hace en ejercicio de las funciones consagradas en el artículo 24 del Decreto Ley 262 de 2000.
La Procuraduría General de la Nación, en aras de garantizar el interés público general y social y los recursos derivados del arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud del departamento de Atlántico, acompañó a la Gobernación de ese mismo departamento, desde la etapa previa, el proceso de licitación 001 de 2014, realizado por la Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar (Edusuerte), el cual terminó con la adjudicación el pasado martes a las empresas Red de Servicios de Occidente y Superservicios de Nariño.
Dicho acompañamiento del Ministerio Público permitió orientar y formular observaciones encaminadas a garantizar los principios de la gestión contractual, especialmente la libre concurrencia, selección objetiva y la transparencia, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que realizó control de gestión al proceso relacionado con la concesión para la operación del juego de apuestas permanentes o chance para operar en ese departamento costero.
En este sentido, se recomendó revisar algunas cláusulas de los pliegos para que no indujeran a error a los proponentes y que fueran totalmente objetivas, claras y completas, ya que en su momento se advirtieron posibles vacíos para definir requisitos técnicos mínimos habilitantes, teniendo en cuenta que estos delimitan la idoneidad de los proponentes en la operación del juego del chance.
El ente de control realizó varias observaciones a los factores de evaluación, para que los mismos se diferenciaran claramente de los mínimos habilitantes, y se establecieran criterios que generen un valor agregado a la oferta en beneficio de la entidad y la comunidad.
Para la Procuraduría es fundamental que los departamentos garanticen la efectividad de los derechos a la salud a través de la consecución de recursos que ayuden a cubrir dichas necesidades, a través de la correcta planeación y estructuración de procesos de licitación que adelanten dicho entes territoriales.