Procuraduría General de la Nación acompaña implementación de asociaciones público privadas en competencias que corresponden a la Agencia Nacional de Infraestructura

La Procuraduría General de la Nación, a través de la actuación preventiva integral que desarrolla la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, viene acompañando la implementación y puesta en marcha de las asociaciones público privadas (desarrolladas en la Ley 1508 de 2012) en las competencias que corresponden a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Este organismo de control ha presentado observaciones respetuosas respecto a la incorporación de los procedimientos, funciones y actividades derivadas de la aplicación de la citada norma, así como sobre el proyecto de decreto que reglamenta parcialmente el sistema de precalificación, en el trámite de las iniciativas de asociaciones público privadas de iniciativa pública.

Las recomendaciones e inquietudes planteadas a la Agencia Nacional de Infraestructura han respondido al propósito de disminuir los riesgos de gestión derivados de la implementación de esta nueva figura jurídica, buscando optimizar la inversión de los recursos públicos involucrados y que se cumplan las finalidades perseguidas por el Gobierno Nacional al presentar el proyecto legislativo.

Las asociaciones público privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.