Procuraduría General de la Nación adelantó una mesa de trabajo para garantizar los derechos de la primera infancia
En atención al compromiso adquirido ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República durante la audiencia del pasado 19 de febrero, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia convocó en el día de hoy a una mesa de trabajo a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas Michelsen; al viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo, Enrique Borda Villegas; y a la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo, Susana Rodríguez Caro; para tratar los temas relacionados con la prestación de los servicios a la primera infancia por parte del ICBF y con el cumplimiento de las condiciones laborales de las madres comunitarias.
La procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda enfatizó que para garantizar el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas se debe propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población infantil, especialmente de su integridad física, alimentación equilibrada y recreación, para lo cual se debe actuar de manera inmediata frente a las situaciones relevantes de protección y defensa de sus derechos fundamentales.
De igual manera señaló, entre otros, que para garantizar la prestación de los servicios a la primera infancia se requiere el cumplimiento de los derechos laborales de las madres comunitarias y Famis, para lo que deben adelantarse acciones articuladas y conjuntas que beneficien este programa del ICBF. La procuradora delegada presentó a los representantes de las instituciones participantes los requerimientos, dentro de sus competencias, para que la situación de la niñez sea prioridad y para que se adopten las medidas que puedan solucionar las denuncias presentadas por las madres comunitarias.
La mesa de trabajo liderada la procuradora delegada se reunirá a nivel directivo cada mes y a nivel técnico cada quince días, con el propósito de realizar seguimiento a los avances y compromisos, de lo cual se presentará un informe a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.