Procuraduría General de la Nación adelanta acciones preventivas ante problemática carcelaria en el Líbano (Tolima)
En visita al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Líbano (Tolima), la Procuraduría General de la Nación planteó su preocupación sobre las condiciones de reclusión, la capacidad conforme a la infraestructura existente, así como la falta de atención en servicios básicos y en salud de esta población, e invitó a las autoridades a establecer los mecanismos necesarios para integrar medidas eficaces en la atención adecuada a la población recluida en esta región tolimense.
El procurador regional del Tolima, Gillest Regys Trujillo Duque, asistió el pasado 10 de noviembre al establecimiento carcelario con el objetivo de verificar el cumplimiento de un fallo de tutela proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué que ordenó efectuar controles a los niveles de hacinamiento y acometer los proyectos necesarios para eliminar los factores de amenaza de los derechos fundamentales de los reclusos. Dicha visita contó con la presencia de representantes de la Alcaldía de Líbano (Tolima), de la Defensoría del Pueblo, el personero municipal Nicolás Martinez Gutiérrez, la procuradora judicial penal I delegada para el Líbano, Eliana Maria Lopez Valencia, y la directora del Establecimiento Penitenciario, Aixa Orozco Cortés.
De igual manera, se reconoció como prioridad la resolución de necesidades del sistema penitenciario y carcelario de la región para garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos privados de su libertad, meta que se logrará a través del trabajo conjunto de las diferentes entidades.
Así lo afirmó el procurador regional, quien señaló que “si bien la situación de hacinamiento en los establecimientos carcelarios del país constituye una problemática generalizada que depende principalmente de acciones y políticas públicas y de largo plazo, en cuanto vulnere en forma directa los derechos fundamentales de los internos, las entidades responsables de acuerdo a sus funciones específicas y de manera coordinada deberán adelantar las acciones inmediatas que permitan a la población carcelaria satisfacer sus necesidades básicas humanas en condiciones ajustadas a unos mínimos de decoro y dignidad, conforme lo ha exigido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia”.