Boletín 690
Procuraduría General de la Nación adelantará audiencia pública contra tres concejales de Villavicencio (Meta)
Fuente: PGN
Fecha Publicación:
- La investigación está relacionada con la suscripción de un contrato para operar el concurso de méritos de la elección del contralor municipal.
La Procuraduría Regional del Meta citó a audiencia pública a los señores Carlos Carreño Pedraza, Fabián Alberto Bobadilla Piedrahita y Darwin Castellanos Romero, en sus condiciones de presidente, primer y segundo vicepresidente del Concejo Municipal de Villavicencio, para adelantar proceso verbal en su contra por presuntas irregularidades en contratación.
La entidad, basándose en la valoración probatoria encontró suficientes elementos de juicio para formular pliego de cargos a los disciplinados y citarlos a rendir exposición libre verbal o escrita el próximo 31 de agosto.
Los hechos producto de la investigación se relacionan con la suscripción del contrato No. 011 de 2016 celebrado entre la señora Diana Patricia Herrera Fernández y el Concejo Municipal de Villavicencio, cuyo objeto era “(…) el apoyo especializado para la verificación de requisitos, diseño, elaboración y aplicación de competencias laborales y análisis de antecedentes en el concurso se méritos para proveer el cargo de Contralor Municipal de Villavicencio”, presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos de experiencia y profesionales exigidos.
Para la Procuraduría, el señor Carreño Pedraza como presidente del Concejo, al parecer, desconoció el principio de legalidad y de transparencia que rigen la función pública, ya que actuó con desvío de poder al adjudicar y suscribir el contrato a pesar de que la oferente no cumplió con los requisitos legales requeridos y a pesar de ello, se le adjudicó el contrato a la citada ciudadana.
La falta del presidente del Concejo de Villavicencio fue calificada provisionalmente como como gravísima a título de dolo.
En el caso de los señores Bobadilla Piedrahita y Castellanos Romero, el ente de control afirmó que los disciplinados pudieron haber omitido su deber de cuidado cuando guardaron silencio absoluto de acciones que desconocían los principios de legalidad y transparencia, en el proceso de selección del operador para la elección del contralor municipal.
La Procuraduría Regional del Meta calificó provisionalmente esta falta como gravísima a título de culpa gravísima, dada la conducta omisiva frente al errado actuar del presidente del Concejo.