Procuraduría General de la Nación advierte a gobierno Nacional sobre consecuencias derivadas de los rechazos de solicitudes de legalización de la actividad minera
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, para que en la política de legalización sobre la materia se tenga presente el criterio de seguridad y se adelanten todos los esfuerzos estatales contra la extracción ilícita de minerales, teniendo en cuenta las experiencias acumuladas y las equivocaciones de los procesos anteriores para superarlas y no repetirlas.
Los procesos de legalización que ha adelantado el Estado hasta la fecha han resultado poco exitosos lo que podría atribuirse, en parte, al establecimiento de condiciones y requisitos de difícil cumplimiento, además de que no reflejaron integralmente la realidad de la actividad minera tradicional en el contexto de cada región.
Así mismo, en una comunicación dirigida al ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, y a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez Jaramillo, el Ministerio Público a través del Grupo Asesor en Minas, Hidrocarburos y Regalías, planteó cuatro consecuencias concretas que podrían derivarse de los rechazos de solicitudes de legalización:
Incremento de la extracción ilícita de minerales: es claro que un proceso fallido de legalización conlleva a que las actividades mineras continúen sin control por parte del Estado.
En muchos casos, la ausencia de unas reglas claras para quienes desean legalizar su actividad y la falta de políticas acordes con la realidad que se vive en las zonas de explotación generan un conflicto social. La minería ilegal causa tragedias que cobran vidas humanas y causan un impacto ambiental como los recientes casos registrados en Amagá (Antioquia) y Riosucio (Caldas).
Detrimento patrimonial: como consecuencia de la explotación de este recurso natural no renovable el Estado no percibe los recursos de regalías que le corresponden como contraprestación, circunstancia que resulta contraria al deber estatal de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Aunado a lo anterior, no son pocos los ciudadanos que habiendo agotado gran parte de los trámites exigidos para la legalización de su actividad, y luego de esperar años, obtienen una respuesta negativa por parte de la autoridad minera, lo que podría generar demandas contra el Estado, para resarcir posibles perjuicios causados a quienes, con base en el principio de confianza legítima, han acudido ante el Estado para formalizar su actividad.
Efectos ambientales: por tratarse de una actividad ilegal que no es objeto de fiscalización, no existe un control ambiental ni una autoridad que haga seguimiento a esta labor que se realiza con malas prácticas ambientales que causan un grave deterioro al medio ambiente.
Problemática social: los bajos resultados de los últimos procesos de legalización impactan directamente en los ciudadanos que han querido acogerse a estos programas “pero que en lugar de encontrar un camino expedito para ese propósito, terminan considerados por las autoridades como mineros “ilegales” o “criminales”. El cierre de los lugares de trabajo, una vez su solicitud es rechazada, agrava la situación de pobreza de muchas familias, quienes encontraron en la minería informal o de hecho una forma de subsistencia y de mitigar el hambre.