Procuraduría General de la Nación analizó la problemática social, económica y administrativa por la pesca ilegal marina en Colombia

Durante el periodo 2009-2016, la Procuraduría General de la Nación emprendió diversas acciones con el propósito de apoyar la formulación de políticas públicas marino costeras, así como la difusión y sensibilización de la importancia de estas zonas en el país, sus ecosistemas y sus problemáticas.
 
Dentro de ese marco, y con el apoyo de la Fundación Marviva, se realizó el primer Diagnóstico Nacional de la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (PINDNR) en territorio marino, el cual incluyó el análisis tanto de la Costa Caribe como Pacífica, conociendo que es una problemática que viene afectando en gran medida al país, porque impacta de manera negativa los esfuerzos de conservación, recuperación y ordenamiento de del recurso, así como genera afectaciones importantes de orden ambiental, social y económico, entre las que están principalmente la disminución de la seguridad alimentaria, la afectación a ecosistemas y recursos naturales marinos de gran valor natural y el debilitamiento del sector en general.

De este diagnóstico se socializaron sus conclusiones y recomendaciones de tipo legal, gestión institucional, gestión sancionatoria, gobernabilidad, investigación, capacitación, sensibilización, educación, conocimiento y percepción social, entre otros temas de tipo jurídico, técnico y administrativo.

Así las cosas y de manera general, se encontró que el cambio constante del órgano rector pesquero colombiano, ha creado incertidumbre entre los diferentes actores involucrados, originando así un vacío y confusión en el mismo sector, así como una falta de trazabilidad y monitoreo en el tiempo sobre el tema particular.

Esto aunado a la falta de actualización del Estatuto General de Pesca, hace que existan conceptos ambiguos, pocas regulaciones específicas, y en cierta medida, confusión y duplicidad de funciones en actividades para avanzar en su erradicación. Igualmente, se puede mencionar que la gestión institucional ha sido básica y hasta precaria en algunas zonas del país, manifestándose principalmente en que la Autoridad Nacional para la Acuicultura y Pesca (AUNAP) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) no son conocidas con total certeza por algunas poblaciones de pescadores del Atlántico y Pacífico colombianos.

Una de las recomendaciones urgentes planteadas es que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República tomen acciones contundentes para la regulación de la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada, siendo una de las primeras acciones la aprobación del proyecto de ley que tiene como objetivo principal la lucha en contra esta problemática.