Procuraduría General de la Nación analizará situación de los sectores Agrario y Ambiental del país y problemática del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
La Procuraduría General de la Nación realizará los próximos 7 y 8 de junio el “Encuentro Anual de Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios”, con el propósito de debatir sobre la situación actual de los sectores Agrario y Ambiental y su institucionalidad, y analizar la problemática ambiental, social y económica que hoy afronta el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Para el evento, que se llevará a cabo en el Club Náutico de San Andrés Islas y será presidido por el procurador delegado de Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas, se espera la asistencia de la gerente general del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), Myriam Villegas, y de las autoridades territoriales y ambientales del archipiélago.
El Ministerio Público reiterará su llamado al Gobierno Nacional para que se construya un instrumento de política pública que atienda las problemáticas de diversa índole que enfrenta San Andrés y se dé la relevancia debida a la declaratoria de “Reserva de Biosfera Seaflower” que ostenta el archipiélago por reconocimiento otorgado en el 2000 de parte de la Unesco, y que implica la reconsideración del modelo de desarrollo vigente, las formas de ocupación del suelo y el aprovechamiento de los recursos.
Preocupaciones que ha manifestado el Ministerio Público
Como se anunció a la opinión pública el pasado 18 de mayo, la Procuraduría manifestó a las autoridades ambientales nacionales su preocupación porque la condición de Reserva de Biosfera del archipiélago está seriamente amenazada en sus componentes sociales, económicos y ambientales.
El Ministerio Público ha evidenciado que el modelo de gestión de residuos especiales y hospitalarios en San Andrés ha tenido serias dificultades durante los últimos años; que el sistema de acueducto carece de una cobertura adecuada, y que el manejo de las aguas residuales y de los lodos extraídos en carrotanques presenta serios riesgos para la salud.
Se ha advertido además que hay sobrexplotación pesquera y construcciones ilegales en las zonas costeras; no se detecta una estrategia de recuperación de zonas sensibles como manglares, bosques y humedales; la bahía se ha ido convirtiendo paulatinamente en un “cementerio de embarcaciones” con problemas judiciales y/o mecánicos, y la situación social del archipiélago, en general, se deteriora progresivamente. En concepto de la Procuraduría, estas situaciones demandan acciones inmediatas y coordinadas de los entes del orden nacional y regional.