Boletín 759
Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a exasesora de la Gobernación del Guaviare
Fuente: PGN
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La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a la señora Bertha Sofía Díaz Quevedo, en su calidad de asesora de la Gobernación del Guaviare, quien no habría cumplido con las funciones propias de este cargo.
La diligencia verbal se llevará a cabo el próximo 7 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el despacho del procurador regional del Guaviare, ubicado en la Calle 9ª No. 23-74 en el barrio Centro de San José del Guaviare (Guaviare).
De acuerdo con la investigación, la señora Díaz Quevedo se posesionó el 3 de septiembre de 2012 como asesora del despacho del gobernador del Guaviare, cargo que al parecer no podía ejercer en la capital de ese departamento porque se encontraba estudiando una carrera profesional en la Universidad La Gran Colombia en Bogotá, en la modalidad presencial en el segundo semestre de 2012 y primer semestre de 2013, cuando el cargo exige la permanencia y presencia en lugar de trabajo.
Señala el Ministerio Público que este cargo únicamente podría ser ejercido en la ciudad de San José de Guaviare, porque en esta capital se encuentra ubicada la planta física donde funciona la Gobernación. Por lo tanto, la investigada habría incumplido sus deberes, su horario de trabajo y no habría permanecido en su lugar de trabajo “lo que en últimas configura un presunto abandono injustificado del cargo”.
De otra parte, se estableció que la señora Díaz Quevedo al parecer incurrió en peculado por apropiación porque habría recibido por concepto de salarios la suma de $22’505.122, pese a que para la fecha que aparentemente estuvo vinculada a la Gobernación del Guaviare en el cargo para el cual fue nombrada, era imposible ejercer el mismo porque se encontraba estudiando, de manera presencial, la carrera de derecho en la ciudad de Bogotá de lunes a sábado en horario de 6:00 a 10:00 p.m.
Por estos hechos, la Procuraduría ordenó compulsar copias para que se investigue al señor José Octaviano Rivera Moncada, actual gobernador del Guaviare; a Diana María López Rentería, en su condición de secretaria administrativa; y a Macedonio Silva Espitia, en su condición de tesorero pagador, secretario de Hacienda y jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión; ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se establezca la responsabilidad penal de los antes mencionados por presunto favorecimiento y peculado por apropiación en favor de tercero, entre otros.
En el caso del actual mandatario del Guaviare la Procuraduría agregó que se hace necesario determinar su responsabilidad en estos hechos pues, al parecer habría favorecido a la hoy investigada “no solo con el nombramiento sino también con las autorizaciones de comisiones de desplazamiento a la ciudad de Bogotá en un tiempo récord o maratónico, desconociendo que esta no tenía funciones legales para cumplir en su condición de asesora del despacho, lo que lo obligó a delegarle unas funciones dentro de unas supuestas comisiones (..)”.