Procuraduría General de la Nación confirmó sanción a exconcejales de Puerto Rico (Caquetá)
• Los servidores incurrieron en extralimitación de funciones al continuar una sesión que ya había sido legalmente cerrada.
La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de doce años al señor Aníbal Buendía Cicery y de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de cuatro meses a los señores Edilmer Castaño Vargas, Jesús Alirio Muñoz Pulgarín y María Luis Celis Aragón, en su condición de concejales de Puerto Rico (Caquetá) para la época de los hechos, por extralimitación de funciones.
Los entonces concejales fueron investigados por cuanto en la sesión extraordinaria del 15 de marzo de 2010, la cual había sido legalmente cerrada, procedieron a elegir como presidente de la misma al señor Edilmer Castaño Vargas y como secretario de la corporación al señor Aníbal Buendía Cicery, quienes usurparon las funciones correspondientes y continuaron la deliberación.
En dicha sesión irregular aprobaron el Acuerdo 003 por medio del cual se concedieron autorizaciones precisas y pro tempore al alcalde del municipio, proyecto que había sido archivado por la mayoría de los miembros del Concejo.
El Ministerio Público consideró que con la conducta de los concejales investigados se configuró una evidente extralimitación en el cumplimiento de sus funciones, con lo cual vulneraron sus deberes e incurrieron en falta disciplinaria.
Para el caso del concejal Aníbal Buendía Cicery, la Procuraduría demostró que incurrió en falsedad ideológica al certificar que el acuerdo Municipal 003 de 15 de marzo de 2010 cumplió con los debates reglamentarios que exige la ley 136 de 1994.
El Tribunal Administrativo de Caquetá, al resolver la demanda de legalidad del acto administrativo correspondiente, declaró a ilegalidad y dejó sin efectos el acto administrativo tramitado de forma irregular por los concejales sancionados.