Procuraduría General de la Nación considera que aún no se ha superado el estado de cosas inconstitucional respecto de la vulneración de los derechos de la población desplazada
• Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado manifestó ante la Corte Constitucional que a pesar de la evolución en la atención a esta población, aún persisten situaciones que generan vulneraciones a sus derechos.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, aseguró que transcurridos más de 11 años desde la Sentencia T-025 de 2004 la atención a la población desplazada ha evolucionado sustancialmente, pero aún persisten situaciones administrativas estructuradas que generan vulneraciones a sus derechos y por tanto no se ha superado el estado de cosas inconstitucional declarado por el alto tribunal en esta materia.
“La discusión no se debe centrar sobre la existencia o no de una política pública para la atención y reparación integral de las víctimas del delito de desplazamiento forzado, porque es claro que en la actualidad existe y que el Estado colombiano en su conjunto está realizando un esfuerzo presupuestal, técnico y administrativo para materializarla (…) El debate debe girar en torno al impacto real de esta política en la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas, revisando si en la actualidad se ha alcanzado el goce efectivo de derechos”, aseguró el jefe del Ministerio Público durante la audiencia de seguimiento a la citada sentencia que se llevó a cabo esta semana en la Corte Constitucional.
Respecto de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), el procurador Ordóñez Maldonado aseguró que este organismo de control ha advertido las fallas presentadas, las falencias del diseño institucional, la falta de financiación y la excesiva demora en la efectiva materialización de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas allí previstas.
Situación actual de la población desplazada
En su intervención ante la Corte Constitucional, el jefe del Ministerio Público citó la medición realizada por la Contraloría General de la República sobre el nivel educativo de la población víctima, según la cual la tasa de analfabetismo para las personas mayores de 15 años es de aproximadamente del 10%, en los mayores de 40 es del 21% y, el promedio de años de escolaridad para las personas mayores de 5 años es de 4 años, mientras que para los colombianos en general es de 7,4 años.
De otra parte, indicó que según los resultados en materia de salud presentados por el Gobierno Nacional y la Contraloría, la población en situación de desplazamiento forzado tiene cobertura y se encuentra vinculada al sistema; sin embargo le preocupa al Ministerio Público lo relativo a la atención para la recuperación emocional y psicológica, ya que tan solo el 8,3% de la población objeto de esta medida ha recibido algún tipo de asistencia, por lo que el 91,7% de quienes la requieren no la reciben en la actualidad.
El procurador general citó asimismo el “informe analítico sobre la medición de indicadores de goce efectivo de derechos de la población desplazada”, elaborado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, según el cual el 67% de la población en situación de desplazamiento forzado se encuentra por encima de la línea de pobreza extrema, lo que ratifica la necesidad de contar con una política de generación de ingresos articulada, continua y eficiente, que le permita a esta población avanzar significativamente en la reconstrucción de sus proyectos de vida y en la superación de sus vulnerabilidades.
Hallazgos de la Procuraduría
El procurador general de la Nación se refirió a los resultados de las actuaciones preventivas de este organismo de control frente a la garantía de los derechos de la población en situación de desplazamiento, a partir de las cuales ha evidenciado que no existe un sistema de corresponsabilidad que permita un adecuado proceso de articulación entre los distintos niveles de gobierno, por lo que persisten las dificultades de coordinación entre la nación y el territorio.
Señaló que el principal obstáculo para la focalización de la oferta de las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, es la deficiencia en la calidad de los datos y en el flujo de los mismos al interior de la Red Nacional de Información. Asimismo, que persisten las dificultades en el proceso de notificación de las decisiones de inclusión en el Registro Único de Victimas, y que es inexistente una estrategia consolidada que permita atender a las víctimas que demandan procesos de formación del Programa para Jóvenes y Adultos en extra-edad, así como en los programas de formación para el empleo ofertados por el Ministerio del Trabajo.
Mostró además su preocupación porque las metas del Ministerio de Salud para la atención mediante el Programa de Atención Psicosocial a las Víctimas del Conflicto Armado resultan irrisorias respecto de la demanda de la medida, y porque con la entrada en vigencia del nuevo esquema de asignación del subsidio de vivienda se han invisibilizado las otras modalidades de acceso; esto en el entendido que la población en situación de desplazamiento no accede por la falta de información o de oferta de otro tipo de programas como los de mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio, la adquisición de vivienda usada, arrendamiento y, las modalidades de acceso ofertadas por las organizaciones populares de vivienda.
Concluyó el procurador general que resulta de importancia garantizar la continuidad y sostenibilidad de las políticas públicas para la población víctima de desplazamiento forzado, así como la revisión de aquellas que no han causado impacto, que han generado falsas expectativas o que no cumplen con la satisfacción plena del derecho.