Procuraduría General de la Nación convocó a audiencia pública a 12 exdiputados de la Asamblea Departamental de Santander

• A los investigados se les reprocha el posible incumplimiento de la ley por conceder facultades pro témpore al contralor general de Santander para modificar, entre otras, la estructura organizacional de la entidad que representaba.

• La audiencia se cumplirá el 19 de abril de 2016, a partir de las 8:00 a. m., en las instalaciones de la Procuraduría Regional de Santander.

Por presunta extralimitación de sus funciones, mediante procedimiento verbal la Procuraduría General de la Nación investiga a Fernán Gabriel Rueda Domínguez, Iván Fernando Aguilar Zambrano, Álvaro Celis Carrillo, Luis Eduardo Díaz Mateus, Luis Tulio Tamayo Tamayo, Rubiela Vargas González, Jorge Eliecer García Jaimes, José Ángel Ibáñez Almeida, Luis Fernando Peña Riaño, Edgar Higinio Villabona Carrero, Camilo Andrés Arenas Valdivieso y Henry Hernández Hernández, en su calidad de diputados del departamento de Santander para el periodo 2012-2015. 

Es de precisar que los señores Celis Carrillo, Díaz Mateus y Tamayo Tamayo fueron reelegidos y, por tanto, se desempeñan en la actualidad como diputados. De igual manera los señores Villabona Carrero, Arenas Valdivieso y Hernández Hernández trabajan actualmente en la Gobernación de Santander como como asesor, secretario general y jefe de Control Disciplinario, respectivamente. 

Al parecer, los 12 funcionarios habrían otorgado facultades temporales mediante la Ordenanza No.123 de 2013 al contralor general para modificar la estructura organizacional, el Manual de Funciones y Competencias, el Manual de Operaciones y Procedimientos, las cargas laborales, la escala salarial de la Contraloría General de Santander; así como para suprimir el cargo de conductor y, en su lugar, crear uno de profesional universitario.

Consideró el órgano de control que con esta conducta los sujetos disciplinables podrían haber desconocido el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución en el cual se establece como función de las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas: “9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales (...)”. 

Así mismo la Procuraduría señaló como vulnerados los principios de moralidad y responsabilidad, con lo cual pudieron incumplir normas de carácter superior que tienen una connotación relevante en pro de los intereses del Estado, los cuales se ven reflejados en los mismos intereses de la sociedad.

De manera provisional, el Ministerio Público calificó la falta de los entonces funcionarios departamentales como graves a título de culpa gravísima.

La Procuraduría Regional de Santander precisó que por segunda vez la Asamblea Departamental como cuerpo colegiado se ve involucrada en un caso de reestructuración a la Contraloría General de Santander, antecediendo a la decisión del Tribunal Administrativo de Santander y al fallo que confirmó el Consejo de Estado que dio origen a la presente investigación, un caso en el que la iniciativa fue presentada por el gobernador y no por el contralor, generándose una nulidad de los actos administrativos, tanto de la Ordenanza No. 050 como de la 123 del 4 de octubre de 2013, por hechos que hubiesen sido evitados si de manera acuciosa esta Corporación hubiese hecho un estudio serio, profundo y jurídico de las disposiciones constitucionales. 

El Ministerio Público compulsará copias a la Procuraduría Delegada para Vigilancia Administrativa con el fin de que se investigue la presunta responsabilidad de Carlos Ibáñez Muñoz, en calidad de gobernador designado y Jorge Céspedes Camacho, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Santander, por haber sancionado la Ordenanza No. 123 de 2013 a pesar de ser inconstitucional.  

Igualmente, remitirá copias de esta actuación a la Contraloría General de la República, para que haga uso de su competencia prevalente, teniendo en cuenta que la decisión emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado, tendría una connotación de carácter pecuniario para el departamento de Santander por los posibles efectos fiscales. 

Esta investigación disciplinaria se inició de oficio, tras conocer la publicación del diario Vanguardia Liberal en la cual se informaron presuntas irregularidades relacionadas con la ordenanza mediante la cual la Duma facultó al contralor de la época, Argemiro Castro, para reestructurar el ente de control departamental, situación que terminó afectando la estabilidad laboral de varios funcionarios. 

La audiencia pública tendrá lugar en el auditorio de la Procuraduría Regional de Santander el 19 de abril de 2016 a partir de las 8:00 a. m.