Procuraduría General de la Nación convocará Mesa de Discusión Nacional para analizar Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos
• Ministerio Público plantea que se debe analizar posible expedición de un código procesal de infancia.
Con el propósito de abordar el análisis del actual Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y definir los aspectos que deben ser objeto de una reglamentación que lo interprete y aclare, la Procuraduría General de la Nación convocará una Mesa de Discusión Nacional en la que participará el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como magistrados, comisarios, defensores y jueces de Familia.
El anuncio fue hecho por la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, durante el reciente evento de presentación de las conclusiones y recomendaciones derivadas de su análisis al PARD, quien además solicitó al ICBF evaluar la posibilidad de no publicar la “Guía para el Proceso de Restablecimiento de Derechos” por resultar relevante determinar previamente cuál es el sentido, la finalidad y los límites de los lineamientos que se expiden, e incluir directrices claras para las declaraciones de adoptabilidad.
Presentación de la Procuraduría Delegada
Ante un auditorio de 300 asistentes entre directivos del ICBF, comisarios, defensores y procuradores judiciales de Familia, la procuradora delegada expuso el pasado viernes 8 de noviembre los aspectos más destacados de la Sentencia T-844 de 2011, por medio de la cual la Corte Constitucional, por primera vez, revocó una sentencia de adopción que había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia en recurso extraordinario de revisión y amparó los derechos fundamentales de una adolescente a tener una familia, a no ser separada de ella, a la dignidad, al cuidado, a la salud emocional y mental, acogiendo las tesis planteadas en su momento por el Ministerio Público.
Respecto de la naturaleza jurídica y la finalidad del PARD, la doctora Hoyos Castañeda recordó que este proceso busca la articulación entre el Estado, la familia y la sociedad con la administración de justicia, para la restitución y la restauración de la dignidad, por lo que tiene un carácter eminentemente constitucional y es un medio para la garantía de derechos fundamentales.
Entre otros aspectos, abordó la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el PARD y citó para ello varias sentencias del alto tribunal referentes al principio de corresponsabilidad, la dignidad, el ámbito de protección integral, la materialización del Interés Superior del Niño, las medidas para la protección integral de la familia, las garantías procesales de los padres biológicos, y las características de las medidas administrativas de restablecimiento que separen a los menores de edad de su familia.
En relación con el PARD en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la procuradora delegada señaló que en el Código de la Infancia y la Adolescencia no se precisa cómo se restablecen los derechos para los adolescentes que han infringido la ley penal, aspecto que amerita ser estudiado y reglamentado, teniendo en cuenta que hay convergencia de finalidades como la restauración de la dignidad.
Durante su exposición la doctora Hoyos Castañeda recalcó que hay que proteger los derechos de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y que esta institución no es solamente el conjunto de sus integrantes y que los derechos de la familia van mucho más allá de la suma de los derechos de sus integrantes.