Procuraduría General de la Nación destituyó a 9 funcionarios por interceptaciones ilegales a la Corte Suprema de Justicia
• La Procuraduría demostró que desde el DAS se conformó una red de informantes para recoger información de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los procesos que seguían.
• La decisión de primera instancia quedó en firme para cinco de los sancionados, quienes no interpusieron recurso de apelación.
Por violar derechos fundamentales protegidos constitucional y legalmente como el derecho a la intimidad, acceder a documentos públicos reservados y a conversaciones privadas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin disponer de autorización legal para ello, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabitó a cinco servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a uno de la Policía Nacional y a tres de la Corte Suprema de Justicia.
Durante el desarrollo de la audiencia pública disciplinaria, el Ministerio Público demostró que desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se conformó una red de fuentes humanas para acceder a información del círculo personal de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y recopilar documentos internos del Alto Tribunal relacionados con procesos por ‘parapolítica’ y ‘farcpolítica’.
Las labores de seguimiento se produjeron durante los años 2007, 2008 y 2009, y tenían el propósito de recoger información para adelantar una labor de desprestigio en contra de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La Procuraduría impuso la máxima sanción disciplinaria, destitución e inhabilidad por el término de 20 años, al señor William Gabriel Romero Sánchez, subdirector de Fuentes Humanas del DAS, y a la señora Alba Luz Flórez Gélvez, detective que para la época de los hechos investigados se desempeñó como agente de control dentro de la misión de trabajo denominada “Escalera”.
A juicio del Órgano de Control, estos servidores incurrieron en falta disciplinaria por obtener información de la vida personal y familiar de los magistrados “con clara invasión ilegal, indebida y arbitraria de su vida íntima sin ningún propósito debidamente soportado”, violar la reserva de información de carácter reservado, ejercer actividades con desvío de sus funciones, incremento injustificado de su patrimonio e incurrir en conductas tipificadas como delito.
Así mismo, sancionó con destitución e inhabilidad de 20 años a Manuel Steguer Pinzón Casallas, citador y conductor de la Corte Suprema de Justicia; al intendente José David García Fernández, escolta adscrito a la Corte Suprema de Justicia; y Blanca Yanneth Maldonado López, auxiliar de servicios generales de la Corte Suprema de Justicia, y destitución e inhabilidad de 10 años a María Lisandrina Torres Bejarano, auxiliar de servicios generales de la Corte Suprema de Justicia, por su responsabilidad en la obtención de la información en calidad de fuentes humanas.
Para el Ministerio Público, estos servidores incurrieron en falta disciplinaria por invadir la órbita de la intimidad de los magistrados, violar la reserva de informaciones e incrementar injustificadamente su patrimonio al recibir pagos por la información que recogieron.
Por su parte, la Procuraduría encontró disciplinariamente responsables a los señores Hamilton Nonato Mora, detective de la Subdirección de Fuentes Humanas del DAS; Alfredo Erith Romero Hernández, detective asignado a la Subdirección de Fuentes Humanas; y Martha Liliana Alarcón Carreño, detective de la Subdirección de Fuentes Humanas, por omitir el deber de denunciar las irregularidades que se advertían en relación con el desarrollo de la citada ”operación escalera”, por lo cual les impuso la sanción de destitución e inhabilidad de doce años.
Finalmente, el Ministerio Público absolvió a los señores Wilson Puerto Cantor, subdirector de Fuentes Humanas del DAS; Carlos Ariel Alzate Orozco, coordinador del grupo GRES del DAS; Carlos José Rocha, agente de Policía Nacional en el esquema de seguridad de la Corte Suprema de Justicia; y a los oficiales: mayor Julián Leonardo Laverde Bonilla, jefe de Seguridad del Congreso de la República; y mayor Franklin Hernán Grijalba Vásquez, jefe de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia, por no existir prueba directa para vincularlos con los hechos.
Contra el fallo procede la revisión en segunda instancia para el caso de los disciplinados Martha Liliana Alarcón Carreño, Hamilton Nonato Mora, Alfredo Romero Hernández y José David García Fernández, quienes interpusieron recurso de apelación durante la audiencia, mientras que para los demás sancionados la decisión quedó en firme.
PGN | Fecha Publicación: miércoles, 1 febrero 2012 04:05 PM