Procuraduría General de la Nación entrega al Ministerio del Interior recomendaciones para la formulación de políticas públicas que protejan a más de 23.700 familias que viven en riesgo en los litorales colombianos
• El documento da lineamientos de política pública para la recuperación de bienes de uso público indebidamente ocupados en los litorales colombianos.
• Cerca de 100 mil personas viven en construcciones palafíticas en zonas de alto riesgo ante desastres naturales.
La Procuraduría General de la Nación, como garante de los derechos de los colombianos y pensando en la realidad que viven miles de ciudadanos que ocupan zonas ilegales en la región de la costa Pacífica, especialmente en los municipios de Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca), donde más de 23.700 familias viven en construcciones palafíticas, es decir, construcciones realizadas sobre pilotes de madera o concreto, en zonas de bajamar, la franja litoral y la zona costera, siendo altamente vulnerables a un desastre natural ante fenómenos de sismos, licuaciones, ciclones tropicales e incluso un tsunami, presentó al Ministerio del Interior el documento de “Recomendaciones para la Formulación de la Política Pública para la Recuperación de Bienes de Uso Público Indebidamente Ocupados en los Litorales Colombianos”.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, elaboró este documento que surge por la necesidad de fortalecer y coordinar las relaciones interinstitucionales, pensando en la generación de alternativas productivas para las comunidades que sean reasentadas o reubicadas y en la promoción de alertas tempranas frente a posibles desastres de carácter natural en la región costera del pacífico colombiano, entre otros.
El documento hace sugerencias en materia socioeconómica, ambiental, de gobernanza y de derechos humanos, encaminadas principalmente, al establecimiento de programas de divulgación y sensibilización frente al reconocimiento de los derechos colectivos y a las ventajas de vivir en zonas legales.
Dichas recomendaciones se formula con ocasión de la investigación “Ocupación Indebida de los Litorales Marítimos” y del “Convenio de Cooperación por la recuperación de bienes de uso público indebidamente ocupados en los litorales colombianos”, suscrito por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, el Vicepresidente de la República, obrando como presidente Comisión Colombiana del Océano y los Ministerios de Defensa Nacional; Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio; Industria y Turismo; Ambiente y Transporte.
El convenio también contó con la participación de la dirección General Marítima, la Direción General del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” – INVEMAR, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y la Dirección Regional de la Fundación Marviva.