Procuraduría General de la Nación formuló cargos a exalcalde de Montebello (Antioquia)
• El entonces funcionario trasgredió, al parecer, los requisitos previstos en el Estatuto Contractual para cumplir y garantizar una adecuada selección del contratista, en la celebración de 69 contratos que ascendían a la suma de $1.309.579.074.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el señor Óscar Ernesto Cuervo Villada, en su condición de alcalde municipal de Montebello (Antioquia) para el periodo 2012-2015, por presuntamente participar en la actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa.
De acuerdo con el material probatorio, el implicado habría celebrado 69 contratos interadministrativos con el Centro de acopio de materiales y equipos para la construcción y prestación de bienes y servicios que ascendían a la suma de $1.309.579.074, durante las vigencias 2012 y 2013, a través de una firma que no fue creada como Empresa Industrial y Comercial del Estado sino que aún estaba vinculada con el Fondo de Vivienda de Interés Social (Fovis), omitiendo los requisitos exigidos para la modalidad de contratación pública escogida.
El ente de control citó como una de las normas posiblemente vulneradas la Constitución Política de Colombia, en cuyo artículo 209 señala: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
Respecto al actuar desplegado por el exmandatario, la Procuraduría Provincial de Amagá consideró que tenía el deber y la obligación de conocer lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, la Constitución Política, Ley 80 de 1993 y la Ley 489 de 1998, pues por tratarse de un número considerable de contratos, lo mínimo que se exigía de su parte era haber dispuesto algún tipo de actuación con el fin dar cumplimiento las normas dispuestas para el desarrollo de esta actividad.
Tras evaluar las condiciones formativas del entonces alcalde y teniendo en cuenta que estaba obligado a observar los procedimientos legales correspondientes a su cargo, la Procuraduría Provincial de Amagá calificó su falta como gravísima, cometida a título de dolo, por considerar que su conducta fue direccionada de manera consciente y directa.
Esta investigación tuvo origen en el informe del personero municipal de Montebello, en el cual se pusieron en conocimiento posibles irregularidades en la contratación del municipio con el Centro de acopio de materiales y equipos para la construcción y prestación de bienes y servicios.