Boletín 527

Procuraduría General de la Nación formuló cargos al actual alcalde de Tarazá (Antioquia)

Fuente: PGN
Fecha Publicación:

• El investigado podría haber privado a la comunidad del uso de un bien público al adjudicar un inmueble que de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial hace parte del espacio público y al omitir adelantar las acciones pertinentes para lograr su  restitución.

 
 
La Procuraduría General de la Nación profirió cargos en contra del señor Héctor Leonidas Giraldo Arango, en su condición de alcalde municipal de Tarazá (Antioquia) para el período 2012-2015, por presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de un inmueble público. 
 
De acuerdo con el auto de cargos, el señor Giraldo Arango se habría extralimitado en sus funciones por expedir la Resolución 247 del 1 de junio de 2012, mediante la cual adjudicó un inmueble que según el Plan de Ordenamiento Territorial hace parte del espacio público; al tiempo que habría incumplido sus deberes por no atender la solicitud de recuperación del espacio público ocupado por el citado bien.
 
Señala la Procuraduría Provincial de Yarumal que el investigado podría estar incurso en falta disciplinaria por trasgredir, entre otras, la Ley 734 de 2002 que establece como prohibición para los servidores públicos “1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución (…)” y el Decreto 1355 de 1970 que señala “Cuando se trate de la restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas (…) los alcaldes, una vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución (…)”. 
 
El órgano de control calificó las faltas del mandatario como graves, cometidas a título de dolo, al considerar que su actuación fue previa y conscientemente analizada, y a pesar de que en reiteradas oportunidades le solicitaron adelantar las acciones pertinentes para obtener la restitución del espacio público, no lo hizo.
 
Los sujetos procesales disponen de 10 días contados a partir de su notificación para presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas conducentes a la defensa del funcionario público.

. . . .

Noticias Relacionadas

 
×