Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra exalcalde y exsecretaria de Salud del municipio de Galapa (Atlántico)
• Hechos investigados están relacionados con la presunta no actualización de la base de datos de la población priorizada para ser beneficiaria del Régimen Subsidiado de salud.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los señores Régulo Matera García y Piedad Caballero Iglesias, en sus condiciones de alcalde y secretaria de Salud del municipio de Galapa (Atlántico), respectivamente, para la época de los hechos, porque presuntamente omitieron deberes a su cargo.
La actuación disciplinaria inició por una denuncia formulada ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla por parte de un ciudadano de Galapa, según la cual los citados funcionarios pagaron a la EPS Barrios Unidos de Quibdó por beneficiarios al Régimen Subsidiado en salud que no cumplían los requisitos establecidos en la ley para recibir este beneficio o por personas fallecidas, no efectuaron las debidas novedades y presuntamente incurrieron en irregularidades en el diligenciamiento de los formularios de afiliación.
Con base en las pruebas practicadas en la investigación disciplinaria, este organismo de control formuló cargos al señor Matera García porque en su condición de alcalde municipal y como ordenador del gasto, presuntamente omitió su deber de garantizar que se cumpliera con la actualización oportuna de la base de datos de beneficiarios al régimen subsidiado en salud y con el reporte de las respectivas novedades, lo que pudo generar tanto la utilización indebida de rentas con destinación específica, como un riesgo para el acceso las personas más pobres y vulnerables al servicio de salud.
Por su parte, a la señora Piedad Caballero se le reprocha el que en su condición de interventora del Contrato 200802200 de 2009 suscrito con la EPS del Régimen Subsidiado Barrios Unidos de Quibdó, presuntamente omitió su deber de actualizar oportunamente la base de datos de la población priorizada para ser beneficiarios del Régimen Subsidiado, pudiendo con ello autorizar la utilización indebida de rentas con destinación específica, y generar un riesgo para el acceso de los las personas más pobres y vulnerables del municipio al citado régimen de salud.
La Procuraduría Provincial de Barranquilla calificó las faltas provisionalmente como gravísimas, cometidas a título de culpa grave. Los investigados disponen de un término de diez días hábiles (contados a partir del siguiente al de la notificación), para presentar sus descargos.