Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a exalcaldesa de Pulí (Cundinamarca) por irregularidades en contratación
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de la alcaldesa del municipio de Pulí (Cundinamarca), Martha Lucía Mora Otálora, y el secretario de Planeación y Obras Públicas de esta localidad, Giovanny Álvarez Díaz, para la época de los hechos, por presuntas irregularidades en contratación.
A la entonces alcaldesa y secretario de Planeación, quienes se desempeñaron en sus cargos durante la vigencia 2008-2011, se les reprocha tres conductas: la primera tiene que ver con que al parecer celebraron un contrato con el señor Francisco Javier Forero Martínez con el objeto de hacer adecuaciones a las escuelas del municipio de Pulí. No obstante, ese mismo día presuntamente también suscribieron el acta de inicio, de terminación del contrato, de liquidación, de entrada a almacén y se canceló el valor del contrato.
El segundo y el tercer cargo están relacionados con dos contratos realizados con el señor Gustavo Mendoza Gonzalez, que tenían como objeto el suministro de materiales para la rehabilitación de los acueductos municipales y el mantenimiento de la bocatoma y reposición de la tubería del acueducto de la Inspección de Palestina, jurisdicción de este municipio, realizándole presuntamente el mismo tratamiento anterior.
En este sentido, el ente de control advirtió en el auto de pliego de cargos que posiblemente los estudios previos de dichos contratos no se realizaron adecuadamente porque “no demuestran objetivamente la verdadera necesidad técnica que motiva el objeto del contrato”.
Para la Procuraduría, la conducta asumida presuntamente por la señora Mora Otálora de aceptar los estudios previos elaborados por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio liderada por el señor Álvarez Díaz, al parecer, sin percatarse de que los estudios carecían de los mínimos elementos sustanciales que lo debían integrar, muestra un desconocimiento del principio de contratación estatal.
La conducta de los exservidores públicos fue calificada provisionalmente por la Procuraduría Provincial de Facatativá como grave a título de culpa grave.