Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a exgobernador y exsecretario de educación de Cesar
• Para el Ministerio Público los investigados incurrieron en extralimitación de funciones al desconocer las directrices señaladas en la Ley que regulan la educación en el país.
Por posible extralimitación de funciones, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a los señores Rodrigo Canosa Guerrero, en su calidad de gobernador encargado del departamento de Cesar; y Remigio Mena Valoyes, en su calidad de secretario de Educación encargado del Cesar; para la época de los hechos.
La falta disciplinaria se pudo configurar al suscribir el Acuerdo del 13 de septiembre de 2007 con la Asociación de Educadores del Cesar, que tenía por objeto el cumplimiento de actividades curriculares por anormalidad académica en el departamento del Cesar, en contravía de lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 1850 de 2002.
La norma dispone que las autoridades territoriales no son competentes para autorizar la reposición de clases por días no trabajados en virtud de cese de actividades académicas, mientras que el Decreto 1844 de 2007 determina que el cese de actividades laborales realizado por servidores públicos, no amparados en una justa causa previamente definida por la Ley, genera para quienes participen en él, la no causación de la remuneración correspondiente.
Para el Ministerio Público los investigados pudieron incurrir en falta disciplinaria en la medida en que incumplieron de manera manifiesta los deberes contenidos en las leyes y decretos que regulan la educación en el país, e incurrieron en extralimitación de funciones, con ocasión del cargo y función que desempeñaban.
Con esta conducta se generó una evidente perturbación en el servicio público de educación en el departamento del Cesar en detrimento del principio de autoridad de las entidades públicas legalmente instituidas, por cuanto se atribuyeron una competencia que no les estaba dada, modificando el calendario escolar para permitir la reposición de las clases dejadas de dictar en virtud del paro docente, aprobando con ello, el pago a los docentes que habían participado en el cese de actividades.