Boletín 535

Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra exdirectiva de la Secretaría de Salud de La Guajira

Fuente: PGN
Fecha Publicación:

• Las presuntas irregularidades se habrían presentado en cuatro contratos suscritos con entidades prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas, orientados a la población pobre y vulnerable de La Guajira.

 

 
Por posibles irregularidades en cuatro contratos con diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la señora Isabel López Manjarrez, en su calidad de directora operativa del área de desarrollo institucional adscrita a la Secretaría de Salud de La Guajira e interventora para la época de los hechos.
 
Al parecer, la investigada no habría elaborado el acta de liquidación de los contratos dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación ni con posteridad, es decir,  durante el tiempo que la señora López Manjarrez estuvo vinculada a la Secretaría de Salud de La Guajira. 
 
Considera la Procuraduría que la investigada habría vulnerado los deberes legales y contractuales porque no elaboró dichas actas para someterlas a consideración del gobernador, quien tenía la competencia funcional para firmarlas por cuanto actuaba como ordenador del gasto.
 
El pliego de cargos señala que la exservidora tenía la responsabilidad de liquidar los citados contratos, pues ella era quien debía, en su calidad de interventora, elaborar el documento que consignara los pormenores de la liquidación que correspondiera según el caso, teniendo en cuenta que su función “involucraba el conocer de primera mano las vicisitudes que rodearon la ejecución de los mismos y, en consecuencia, verificar si se cumplieron adecuadamente las obligaciones asumidas por los contratistas”.
 
Con su conducta, la señora López Manjarrez al parecer afectó la buena marcha de la administración, teniendo en cuenta que el departamento de La Guajira no habría podido definir oportunamente el estado económico final de los contratos que se financiaban con recursos del Sistema General de Participaciones y, adicionalmente, contribuyó a que la relación jurídica entre los contratistas y la entidad territorial no terminará. 

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