Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra oficial del Ejército Nacional de Colombia

Por posibles irregularidades en un proceso de licitación pública, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el teniente coronel Óscar Fernando Cortés, en su condición de director administrativo en la Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional para la época de los hechos.

Se trata de una licitación pública abierta en el año 2012 con el objetivo de construir la segunda etapa del centro de reclusión militar, pabellón de celdas y cerramiento perimetral ubicado en el Batallón de Ingenieros nro.4 “General Pedro Nel Ospina” en el municipio de Bello (Antioquia).

De acuerdo con el pliego de cargos el entonces teniente coronel habría introducido reglas que modificaron los pliegos de condiciones definitivos y, como consecuencia de esta acción, se generó una confusión respecto a la fijación del presupuesto oficial y las cantidades de obra que regularían este proceso licitatorio.

Según las pruebas, el investigado habría publicado por fuera del término legal un archivo denominado “Presupuesto II” en el que retomó el presupuesto fijado inicialmente en los pliegos de condiciones definitivos publicados con el acto de apertura de la licitación y retornó también a las cantidades de obra previstas del análisis de precios unitarios publicados con los estudios previos.

Así mismo, habría ordenado publicar el 22 y 23 de marzo de 2012 los formularios de preguntas y/u observaciones y respuestas números 4 y 5, en los que se limitó a informar que el presupuesto oficial del proceso licitatorio era el denominado “Presupuesto II”. Seguidamente, el 26 de marzo de 2012, ordenó publicar el formulario de preguntas y/u observaciones y respuestas número 6, en el que señaló que el presupuesto no había sufrido cambio alguno y que seguía siendo el previsto en los pliegos de condiciones publicados al momento de expedirse el acto administrativo de apertura del proceso de selección.    

Al parecer, esta situación indujo en error a los proponentes, provocó el rechazo de varias propuestas y restringió la participación de potenciales oferentes.

Adicionalmente, se tiene que las modificaciones que publicó el investigado no se habrían adoptado por adenda y se habrían publicado en el Secop extemporáneamente.