Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra trabajadores de Ecopetrol para el año 2009 y 2010, y un particular, por posibles irregularidades relacionadas con el proyecto Yariguí-Cantagallo
Por posibles irregularidades presentadas en el proyecto de ampliación de la capacidad de inyección de la planta Yariguí-Cantagallo, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los señores Carlos Arturo Pulgarín Echavarría y Carlos Arturo Arenas Sepúlveda, trabajadores de Ecopetrol y administradores del proyecto: y contra el particular Hermann Montenegro Orjuela, como representante legal del consorcio CEI-ACI encargado de la interventoría de dos contratos.
Se trata de dos contratos:
El contrato 5205636 de 2009 celebrado para el ajuste a la ingeniería y suministros para la adecuación de la planta deshidratadora isla IV y construcción, montaje y puesta en marcha de la fase I de la planta de tratamiento de agua para inyección con opción de la fase 2 ubicada en el campo Yariguí – Cantagallo de la gerencia regional Magdalena Medio.
Contrato 5209524 de 2010 para la revisión a la ingeniería, suministros, construcción, montaje, precomisionamiento, soporte al comisionamiento y soporte a la puesta en marcha de la planta de inyección de agua para la recuperación secundaria del campo Yariguí-Cantagallo, incluyendo en cruce del río Magdalena en los tramos Isla VI (Puerto Wilches)- Isla IV (Cantagallo) y las líneas de inyección para los proyectos de inyección de la gerencia regional del Magdalena Medio de ECP 2010-2011.
En el marco de estas contrataciones la Procuraduría les reprochó a los señores Carlos Pulgarín y Carlos Arturo Arenas Sepúlveda su posible omisión en el cumplimiento de sus funciones pues, al parecer, nunca hicieron seguimiento, verificaron ni formularon observaciones para establecer si el contratista cumplía correctamente con las labores desarrolladas en los contratos que tenían bajo su administración.
En ese sentido, el Ministerio busca determinar si los investigados permitieron que se ejecutaran los contratos con válvulas suministradas por el contratista remanufacturadas que pasaron como nuevas y con certificados de calidad adulterados, es decir sin cumplir las condiciones de calidad exigidas.
Así mismo, se investiga la conducta del representante designado del consorcio CEI-ACI, Hermann Montenegro Orjuela, quien habría omitido actos propios de su función como interventor, pues no habría exigido la calidad requerida de los bienes para el desarrollo del objeto contractual y también habría permitido que los contratos se ejecutaran con válvulas remanufacturadas, como ya se mencionó.
En el caso de los señores Pulgarín Echavarría y Arenas Sepúlveda la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como falta gravísima a título de culpa gravísima y en el caso del señor Montenegro Orjuela, como gravísima a título de culpa.