Procuraduría General de la Nación hace seguimiento a condiciones de instituciones de bomberos en algunos municipios boyacenses
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Provincial Tunja (Boyacá), emitió una alerta preventiva dirigida a las administraciones locales y concejos municipales de su jurisdicción, en la que recuerda las obligaciones previstas en las normas vigentes sobre la dotación y sostenimiento de los cuerpos de bomberos.
En los términos de la Ley 1575 de 2012, la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, están a cargo de las instituciones de bomberos, y para todos sus efectos constituyen un servicio público esencial a cargo del Estado.
Es una obligación de los municipios la prestación del servicio a través de los cuerpos oficiales o mediante la celebración de contratos con los cuerpos de bomberos voluntarios.
Información solicitada por la Procuraduría
La Procuraduría Provincial de Tunja solicitó a las administraciones municipales de su jurisdicción informar si dentro de la dotación al cuerpo de bomberos voluntario u oficial se cuenta con un vehículo especialmente dotado con elementos como motobomba, tramos de manguera acoplados a la bomba, herramienta de mano y extintores de polvo químico. Asimismo, requirió especificar si la institución de bomberos cuenta con un sistema de comunicaciones apropiado y con una sede que cumpla los requerimientos señalados en el reglamento expedido por el Ministerio del Interior, y si sus integrantes están afiliados a seguridad social y cuentan con dotación de uniformes apropiados para la prestación del servicio.
De otra parte, solicitó precisar si existe acuerdo municipal de creación de una sobretasa a los impuestos de industria y comercio, circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel territorial destinada a financiar la actividad bomberil.
Las administraciones de los municipios a los que se dirigió la citada alerta preventiva cuentan con plazo hasta el próximo 20 de mayo para remitir la información solicitada.