Procuraduría General de la Nación hace seguimiento a cumplimiento de Plan Jarillón del río Cauca (Cali-Valle del Cauca)
• Mediante acciones como la toma de la Iglesia La Ermita, los habitantes del jarillón han manifestado su inconformidad con los operativos adelantados por la fuerza pública para su desalojo.
• Existen inconvenientes en la ejecución de los proyectos de adecuación y reforzamiento del jarillón, hechos que podría poner en riesgo a la ciudad de Cali ante una eventual inundación.
• La Procuraduría realizó el viernes 10 de julio una visita a la zona del jarillón del río Cauca, donde se encuentran asentadas las familias, con el fin de determinar directamente la situación de las personas que habitan dicha zona.
La Procuraduría General de la Nación adelanta seguimiento al proyecto que desarrollan los gobiernos de la ciudad de Cali y del departamento del Valle del Cauca para reubicar a las familias que se encuentran asentadas en el jarillón del río Cauca.
Los organismos competentes han dado cuenta del proceso de recuperación de la zona y de las obras adelantadas por la CVC y EMCALI EICE ESP, las cuales no han avanzado por cuanto al encontrarse ocupados los terrenos no se han podido ejecutar en su totalidad los proyectos de adecuación y reforzamiento del jarillón, lo cual podría poner en riesgo a la ciudad de Cali ante una eventual inundación.
De acuerdo con la información obtenida por el organismo de control, se ha determinado que existen actualmente más personas que han ocupado zonas del jarillón, que no hacen parte del censo del 2013, que participaron en la toma de la iglesia La Ermita y que reclaman una serie de derechos.
En el marco de las acciones preventivas de atención y protección de los derechos fundamentales de la población, la Procuraduría Provincial de Cali y la Personería de ese municipio realizaron una visita el 10 de julio al terreno de la comunidad asentada en el jarillón, en compañía de representantes de la comunidad, el secretario de Vivienda y la secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad del municipio; en la que se pudo establecer:
• Inconformidad de la comunidad por no conocer el plan social ni los proyectos productivos, ya que el Plan denominado "Estrategia de acompañamiento social y económico a familias reasentadas en el Plan Jarillón” no ha sido socializado.
• No se ha realizado acompañamiento social a las familias.
• Se desconoce cuál es el censo real con el cual se adelanta el plan, pues al parecer existen 3 censos en el municipio, uno que presentaron ante el Concejo Municipal, otro a la comunidad y otro que la comunidad desconoce.
• Es necesario realizar otra reunión con representantes de todos los sectores del jarillón, ya que a la reunión solo asistieron los habitantes del área que está siendo intervenida.
• Es indispensable propiciar una reunión con la Policía para hablar de los procesos de desalojo, los cuales deben cumplir con los protocolos para tal fin, como es estar acompañados pos funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y los demás organismos competentes, entre otros, para garantizar los derechos a la comunidad.
• Se advierte la necesidad de requerir a la administración del municipio de Candelaria y coordinar con el personero lo que corresponde a la zona ubicada en esa jurisdicción, toda vez que están vinculados por la sentencia de acción popular.
• Se debe requerir a la Personería de Cali sobre el trámite dado a las quejas y material probatorio que le ha presentado la comunidad meses atrás, respecto a conductas al parecer de tipo disciplinario relacionadas con presuntas irregularidades en el otorgamiento de viviendas a personas que no son ni fueron habitantes del sector, registrados dentro del censo por el operador encargado de ello.
• La administración municipal ha desalojado y demolido viviendas y, a la fecha, algunas familias no han recibido vivienda ni ningún tipo de ayuda. Este es el caso de las más de 35 personas que levantaron “cambuches” frente al lugar donde demolieron sus viviendas porque no cuentan con ninguna otra alternativa. Estas personas también manifestaron abusos por parte del SMATT en los procedimientos de desalojo.