Procuraduría General de la Nación hace seguimiento a cumplimiento de sentencia que beneficia a grupo de recicladores de Cali (Valle del Cauca)
La Procuraduría General de la Nación vigila el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el marco de una sentencia que ampara los derechos al trabajo y a la vida digna de la población recicladora de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), que se veían amenazados ante la decisión de clausurar el relleno sanitario de Navarro en esa capital.
La alta corporación encontró que se vulneró el derecho a la igualdad debido a que el diseño y ejecución de política pública de aseo para la ciudad afectaron desproporcionadamente los derechos de un grupo de recicladores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y social, pues con dicha política se impedía el desarrollo de una actividad que han desarrollado históricamente y de la cual derivan su sustento y, adicionalmente, no habrían adoptado las medidas para mitigar dicho impacto.
El Ministerio Público hace seguimiento, a través de la Procuraduría Regional del Valle, a dos órdenes individuales y complejas orientadas a proteger de manera integral los derechos de los recicladores con dos finalidades:
• Enfrentar las precarias condiciones materiales en las que han quedado los recicladores en razón de los incumplimientos de la administración de Cali.
• Adoptar las medidas para frenar el impacto desproporcionado que generan sobre los recicladores del basurero de Navarro las normas jurídicas adoptadas en materia de disposición final de residuos y la nueva configuración de los procesos de recolección y disposición final de los residuos.
En virtud de lo anterior, el Ministerio Público realizó una audiencia pública con el alcalde municipal de Cali (Valle del Cauca), los secretarios de Educación, Salud y Desarrollo Territorial, el gerente de Emsirva ESP y los directores de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca y de los departamentos administrativos del Medio Ambiente y de Planeación Municipal, en la rindieron un informe sobre las acciones adelantadas en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.
La evaluación realizada a cada uno de los informes presentados por cada uno de estos entes, reveló que la sentencia se ha cumplido parcialmente. Por ello, el Ministerio Público los instó a que se diera cumplimiento efectivo al Auto nro. 118 de 2014 de seguimiento a esta.
Adicionalmente, dispuso la reanudación de la audiencia para el mes de octubre para conocer los avances en el cumplimiento del citado auto y el tema de carretilleros y disposición de caballos, cuyo informe quedó pendiente.