Procuraduría General de la Nación hizo llamado de atención al Gobierno Nacional para que tome medidas para contrarrestar el deterioro de los recursos hídricos del país

 

Lo anterior, teniendo en cuenta el avanzado daño que presentan los recursos hídricos del país y en especial el resultado del balance del seguimiento preventivo que realizó el Ministerio Público a la “Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH)”, emitida en el 2010 por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), con el ánimo de identificar si en efecto, lo determinado por dicha política en su primera fase de desarrollo (2010-2014), se estaba llevando a cabo de acuerdo con los objetivos generales y específicos trazados en la misma.

 

Al respecto, la entidad, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, da cuenta de manera muy resumida de las falencias que presenta la administración pública en la gestión  integral del recurso hídrico. Por ejemplo, la fuerte presión antrópica debido al crecimiento de la población, el desarrollo de macroproyectos del sector minero y de hidrocarburos, y la degradación de los ecosistemas que lo producen y lo regulan. Todo esto impacta de manera negativa en la disponibilidad del agua en cantidad y calidad.

 

De igual forma observa el Ministerio Público con preocupación que las autoridades ambientales regionales, como administradores de los recursos naturales en las diferentes regiones del país, otorgan a discreción los permisos de concesión de aguas y no está claro que midan el caudal ecológico de los ecosistemas fluviales que conceden.

 

Dicho escenario preocupa a la Procuraduría ya que la falta de control en el número de concesiones otorgadas año a año por parte de las autoridades ambientales de todo el país, estaría poniendo en riesgo la integridad ecológica de los ecosistemas fluviales y la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano.

 

De otra parte, en relación al  tema de saneamiento básico, inquieta el bajo número de plantas de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que tienen los municipios.

Otro aspecto que cobra relevancia tiene relación al desarrollo, ejecución e implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH); en este sentido la Procuraduría General de la Nación solicita respetuosamente a las autoridades ambientales la elaboración de los respectivos POMCH como requisito indispensable y previo para hacer de los procesos industriales, sociales y económicos un direccionamiento hacia la sostenibilidad.

 

Algunas de las causas encontradas son la continua destrucción y degradación de los páramos a través de actividades tales como la minería legal e ilegal, actividades industriales de hidrocarburos, ganadería extensiva, expansión de la frontera agrícola,  desecación de humedales con fines de desarrollo urbano, pérdida de manglares, exploraciones mineras en cuencas hidrográficas que cuentan con Plan de Ordenación de Cuenca Hidrográfica (POMCA), ausencia de sistemas eficientes de saneamiento básico, contaminación de fuentes hídricas con vertimientos de metales pesados y aguas residuales de origen industrial y doméstico.