Procuraduría General de la Nación inició acompañamiento preventivo a proceso de venta de la ETB
• Esta actuación del Ministerio Público se realiza de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 24 de la Ley 262 de 2000.
La Procuraduría General de la Nación le anunció al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, el inicio del acompañamiento preventivo que realizará al proceso de venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), luego de la aprobación que diera para la negociación el Concejo Distrital dentro del Plan de Desarrollo.
De igual forma el Ministerio Público le solicitó al mandatario información precisa de lo aprobado en el Plan de Desarrollo Distrital en lo relacionado con la enajenación de la ETB, así como de los diagnósticos y estudios que se hayan adelantado sobre todas las alternativas para la continuidad o no de dicha empresa.
Así mismo el órgano de control, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, pidió copia de la respuesta emitida por el Distrito a la Contraloría de Bogotá sobre el pronunciamiento relacionado con la autorización de enajenar la totalidad de las acciones de la empresa bogotana; y por último, información minuciosa del cronograma de acciones para la venta de la ETB.
Dicha actuación preventiva se ejerce con el fin de defender derechos fundamentales en peligro, evitar un inminente riesgo del patrimonio público, la inobservancia de los principios y fines de la contratación estatal, así como la vulneración del ordenamiento jurídico o la comisión de faltas disciplinarias.
La acción preventiva integral en materia de contratación no puede constituir prejuzgamiento, y en este sentido, las observaciones que se presenten se fundamentarán en argumentos legales, jurisprudenciales o doctrinales, sin valoraciones subjetivas, ni incriminaciones respecto de la conducta de los servidores públicos o particulares involucrados.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación le dejó claro al alcalde Peñalosa que esta acción preventiva no implica en modo alguno coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de la administración pública.