Procuraduría General de la Nación le formuló cargos al actual alcalde de Granada (Meta)
• El Ministerio Público busca establecer la responsabilidad disciplinaria del mandatario en posibles irregularidades en materia contractual.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Provincial Villavicencio, le formuló pliego de cargos al señor Jaime Alexander Guzmán Rojas, en su condición de alcalde del municipio de Granada (Meta), por presuntas irregularidades en la celebración de contratos.
Al parecer el mandatario profirió las invitaciones públicas de mínima cuantía números 02, 03 y 04 de 2012, con un cronograma que no respetó los términos mínimos, pues su publicación se hizo a partir de las 8:33 p.m. del 4 de enero de 2012 y el plazo para presentar oferta se cerraba el 5 de enero de 2012 a las 5:00 p.m. La apertura de las ofertas se haría el 6 de enero de 2012 a las 5:00 p.m., el informe de evaluación a las 6:00 p.m. y las observaciones a la evaluación se programaron para el mismo día a las 5:00 p.m., es decir, antes de conocerse el informe de evaluación.
El Ministerio Público buscará establecer si para aplicar el procedimiento de mínima cuantía y no tener que recurrir al procedimiento de menor cuantía el alcalde Guzmán Rojas dividió deliberadamente el objeto a contratar que, en síntesis, era el alquiler de sonido, pantallas y la tarima para el VII Festival de Verano y Segunda Travesía por el río Ariari, con un valor total superior a los 43 millones de pesos.
Además, al parecer, el investigado ordenó suspender los procesos de invitación por carecer de las facultades que debía otorgarle el Concejo Municipal para contratar, y los reanudó el sábado 7 de enero de 2012, día no hábil para la Administración Municipal de Granada Meta, y este mismo día suscribió tres contratos (uno por cada invitación pública) con la señora Luz Mary Bernal León a quien de hecho desde el viernes 6 de enero le autorizó la ejecución de los contratos bajo una solicitud de “cortesía de servicios”, dando lugar presuntamente a un hecho cumplido.
La posible falta, que implicaría el desconocimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y moralidad que regulan la Contratación Estatal, fue calificada provisionalmente como gravísima, cometida a título de dolo.