Procuraduría General de la Nación lideró diálogo entre actores interesados en los modelos de vigilancia en transparencia y acceso a la información pública
• Análisis se centró en los desafíos para vigilar a quienes ejercen función pública, prestan servicio público o administran recursos públicos y son de naturaleza privada.
• Gobierno Nacional anunció la próxima expedición de un decreto para definir con mayor precisión competencias institucionales respecto de la vigilancia al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.
A partir del conocimiento de experiencias internacionales y del diálogo abierto sobre los retos frente a la implementación de la Ley 1712 de 2014, los participantes del foro “Modelos de Vigilancia en Transparencia y Acceso a la Información Pública para sujetos obligados no tradicionales”, que se realizó la semana anterior a instancias de la Procuraduría General de la Nación con el apoyo de Eurosocial II, concluyeron que la articulación institucional entre las entidades rectoras de la política pública, las superintendencias y este organismo de control, es un factor fundamental para garantizar el cumplimiento de la citada norma.
En el marco del foro, Eurosocial II facilitó el intercambio de conocimientos entre expertos de Brasil, México, Chile y Colombia. El análisis se centró en los desafíos para vigilar a quienes ejercen función pública, prestan servicio público o administran recursos públicos y son de naturaleza privada. Frente a estos sujetos obligados ‘no tradicionales’, la ley amplió las competencias de la Procuraduría y señaló que debe capacitar, promocionar y vigilar su cumplimiento, así como imponer sanciones.
Dado que en la institucionalidad colombiana ya existen entidades -como las superintendencias y algunos ministerios- con funciones de vigilancia y control sobre sujetos privados como las cajas de compensación, universidades, notarías, cámaras de comercio y empresas prestadoras de salud, entre otros, se concluyó que es necesario precisar el alcance de las competencias y articular las actuaciones de cada instancia. En este sentido el Gobierno Nacional anunció la próxima expedición de un decreto para reglamentar varios aspectos respecto de la vigilancia al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.
Para este propósito, se acordó entre los actores interesados una agenda de reuniones en la que se definirán estrategias específicas para ejercer tal vigilancia. Los actores privados asistentes al foro indicaron que requieren acompañamiento en el proceso de implementación de la norma, pues consideran que aún hay dudas y vacíos jurídicos, especialmente sobre cuál información está exceptuada y cuál debe ser publicada.