Procuraduría General de la Nación lideró encuentro de la mesa directiva de la Estrategia Hechos y Derechos
· Durante la jornada se presentó el modelo de vigilancia superior frente a la garantía de los derechos de los niños, niñas adolescentes y jóvenes en todo el territorio nacional.
La mesa directiva de la estrategia ‘Municipios y Departamentos por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, Hechos y Derechos’, se dio cita recientemente a instancias de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de definir los compromisos institucionales que asumirán las directivas que integran la estrategia en la segunda rendición pública de cuentas territorial para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud.
La reunión fue presidida por la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, quien presentó el Modelo de Vigilancia Superior que viene implementando el Ministerio Público, soportado en un aplicativo que le permitirá a los representantes legales de las entidades territoriales, vía web, rendir cuentas en línea sobre el avance de la gestión que había sido prevista en el respectivo plan de desarrollo.
La procuradora delegada explicó las estrategias implementadas para armonizar este modelo de vigilancia con el proceso de rendición pública de cuentas, y destacó el valioso esfuerzo que en este propósito han realizado las entidades del orden nacional que hacen parte de la estrategia Hechos y Derechos, las federaciones y agremiaciones de las entidades territoriales, las instituciones del Ministerio Público y los organismos de cooperación que han participado de los diferentes espacios y mesas de trabajo intersectorial.
Recordó finalmente que la estructuración de este modelo de vigilancia procura un mayor acercamiento de la Procuraduría con las entidades territoriales, con el fin de garantizar que se promuevan y respeten los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el territorio nacional, y que los entes territoriales estén realizando una adecuada distribución y utilización de los recursos destinados al cumplimiento de sus obligaciones frente a este sector de la población.