Procuraduría General de la Nación pide a la Corte Suprema de Justicia condena contra la ex congresista Lucero Cortés
La Sala Penal de la Corte Suprema dictó resolución de acusación en contra de la ex congresista
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que profiera sentencia condenatoria contra la señora Luz Emilia Cortés Méndez, mas conocida como Lucero Cortés, en su calidad de representante a la Cámara por Bogotá para la época de los hechos por presunto intentó de favorecer a su esposo, Manuel Rincón, en un litigio judicial a través de presiones indebidas que ejerció ante magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
La ex funcionaria, que se encuentra privada de la libertad con el beneficio de detención domiciliaria, aparentemente presionó a varios magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura buscando una sanción en contra del magistrado del Consejo Seccional de Cundinamarca, Rafael Vélez Hernández, por no haber tomado decisiones en contra del abogado Juan Carlos Salazar, contra parte del esposo de la ex parlamentaria en un litigio civil, por supuesta estafa en un negocio de compra venta de acciones de una firma de televisión por cable.
A la señora Lucero Cortés, la Corte la acusó basada en el testimonio de un magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura quien denunció presiones de la congresista en un proceso disciplinario que adelantaba.
Para el Ministerio Público el delito penal denominado “tráfico de influencias de servidor público”, tipificado en el artículo 411 de la Ley 599 de 2000, muestra que la conducta que debe acreditarse para que se considere una persona incursa en el delito mencionado, es la utilización de manera indebida de las influencias derivadas del cargo con dos condiciones más, en provecho propio o de un tercero, y con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de otro servidor público en asunto que esté conociendo o vaya a conocer; tal como lo habría hecho la señora Cortés.
La Procuraduría General de la Nación desestimó la versión de Cortés y señaló que “hay prueba plena que produce certeza sobre los dos extremos del delito que requieren comprobación del hecho material típico y antijurídico y la autoría dolosa”.