Procuraduría General de la Nación pidió a la Gobernación del Magdalena revisar la situación del contrato de concesión de chance para garantizar recursos a la salud del departamento

 

 

En cumplimiento a las funciones legales y constitucionales, en especial lo previsto en el artículo 24 de la Ley 262 de 2000 y artículo 18 de la resolución 17 de 2000, la Procuraduría General de la Nación ha venido realizando acompañamiento a diferentes procesos de selección de los operadores del juego de apuestas permanentes o “chance” que adelantan las gobernaciones. 

 

Sin embargo, es preciso aclarar que el proceso de licitación pública LP-DM-05-2012, cuyo objeto fue “contratar la concesión para la explotación y operación del juego de apuestas permanentes en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, desde el primero de marzo de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2018”, adelantado por la Gobernación de dicho departamento, no fue objeto de acompañamiento por parte de este ente de control. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el mes de junio del año en curso la Fiscalía realizó un operativo de extinción de dominio a varias empresas en la Costa Atlántica, por presunto ‘lavado’ de activos o blanqueo de capitales provenientes del paramilitarismo, dentro de las cuales se encuentra el actual concesionario del “chance” en el Magdalena, el Ministerio Público, en aras de garantizar el interés general y social y los recursos derivados del arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud del mencionado departamento, solicitó a la Secretaría del Interior revisar la situación particular del contrato de concesión suscrito con la empresa APOSMAR S. A., con el fin de que evaluara si se configuró o no alguna causal de terminación unilateral del mismo, y de ser así, qué acciones se han tomado para garantizar la total y tranquila ejecución del contrato, sin perjudicar el ingreso de los recursos a la salud.

 

La Gobernación del Magdalena, mediante resolución administrativa, inició un procedimiento para determinar la situación fáctica y jurídica del contrato de concesión vigente. A la fecha, la Procuraduría se encuentra a la espera que le sea comunicada la decisión tomada por la entidad territorial.