Procuraduría General de la Nación presentó a los gobernadores el Modelo de Vigilancia Superior a la gestión territorial para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud
· En el marco del encuentro, la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda señaló la preocupación de este organismo de control frente al proyecto de ley que le devolvería el carácter de querellable y desistible a la violencia intrafamiliar.
La Procuraduría General de la Nación le presentó a los mandatarios departamentales los elementos técnicos y metodológicos del Modelo de Vigilancia Superior a la gestión pública territorial para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud.
“Piérdanle el miedo al proceso de rendición de cuentas; esta es una herramienta que nos permitirá saber cómo está cada entidad territorial frente a las obligaciones que establece el Estado en materia de infancia, adolescencia y juventud”, señaló la procuradora delegada, al tiempo que anunció la próxima convocatoria a los secretarios de despacho con competencia específica en la ejecución de las políticas sociales, a quienes se les dará instrucción detallada sobre los criterios orientadores para el reporte de la información respectiva.
Los gobernadores, por su parte, reconocieron el esfuerzo de la Procuraduría General de la Nación en el propósito de unificar las pautas del proceso de rendición pública de cuentas; solicitaron el acompañamiento permanente de las entidades que hacen parte de la estrategia Hechos y Derechos, especialmente en la primera etapa de implementación de este aplicativo; plantearon las debilidades que en materia de conectividad se presentarían en varias regiones para reportar información en línea, y llamaron la atención sobre el desbalance presupuestal que se genera permanentemente en departamentos y municipios por la creciente delegación de responsabilidades que, según ellos, no es proporcional con la designación de recursos para su ejecución.
Postura frente al proyecto de reforma al Código Penal
Al ser consultada por los medios de comunicación sobre el proyecto de ley para reformar el Código Penal, que levantaría la restricción que no permite preacuerdos ni negociaciones con abusadores de menores, y que le devolvería el carácter de “querellable” y “desistible” a los delitos de violencia intrafamiliar, la procuradora delegada aseguró estar en total desacuerdo ante esa propuesta y anunció que en próximos días se expondrá la postura del Ministerio Público ante el Congreso de la República.
“La Procuraduría había participado activamente en el cambio de legislación para establecer que la violencia intrafamiliar no fuera un delito querellable, y lo hicimos en conjunto con algunas organizaciones de mujeres que forman parte del Comité de Seguimiento de la Ley 1257 de 2008 (…) Creemos que el carácter prevalente de los derechos de los niños debe traducirse en que el Estado garantice de manera efectiva su dignidad (…) El abusador que violenta a un niño, ya sea dentro o fuera de la familia, debe ser castigado; la Procuraduría no entiende las razones de este proyecto”, puntualizó la funcionaria.