Procuraduría General de la Nación presentó a mandatarios territoriales de Norte de Santander los lineamientos técnicos del segundo proceso de rendición de cuentas sobre infancia, adolescencia y juventud

 

•    Gobernador de Norte de Santander y alcaldes del departamento conocieron detalles de la vigilancia superior de la Procuraduría a los planes de desarrollo.

 

 

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, instaló recientemente en la ciudad de Cúcuta la mesa regional para el análisis del actual Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), a instancias de la cual se plantearán algunos aspectos que se considere deberán ser objeto de una reglamentación que interprete y aclare el actual proceso.

 

Durante su visita institucional a Norte de Santander, la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda convocó a jueces, inspectores de Policía, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a autoridades territoriales, para presentar las dificultades y obstáculos que se enfrentan actualmente por erróneas interpretaciones de las normas que regulan en PARD y los complejos trámites que afectan el curso de los procesos.

 

En el evento la funcionaria señaló que se debe analizar posible expedición de un código procesal de infancia y recordó que el PARD busca la articulación entre el Estado, la familia y la sociedad con la administración de justicia para la restitución y la restauración de la dignidad de los menores de edad, por lo que tiene un carácter eminentemente constitucional y es un medio para la garantía de derechos fundamentales, por lo que instó a los servidores públicos que convergen en estos procesos para que participen activamente en la mesa regional, elaborando propuestas que permitan dar celeridad a estos trámites.

 

 

 

La agenda de la procuradora delegada en el departamento de Santander incluyó un encuentro con el gobernador Edgar Díaz Contreras y con los alcaldes del departamento, quienes recibieron una completa orientación sobre los lineamientos técnicos y el nuevo escenario del proceso de rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud 2014-2015.

 

Los mandatarios territoriales conocieron los resultados de la vigilancia superior que ejerció la Procuraduría sobre los planes de desarrollo de las actuales administraciones, en la que se evaluó si existen diagnósticos claros y pertinentes respecto de las garantías de los derechos fundamentales de la infancia, la adolescencia y la juventud, si se contemplan estrategias y programas específicos dedicados a esta población, y si se definieron presupuestos para su realización.

 

La procuradora delegada llamó la atención sobre diversos aspectos, entre ellos el hecho de que los planes de algunos municipios de Norte de Santander adolecen de diagnósticos adecuados en materia de infancia, lo que evidencia que los programas y estrategias no están sustentados de manera adecuada o coherente con la realidad de sus comunidades.

 

Señaló asimismo la importancia de orientar esfuerzos para disminuir las brechas entre regiones al interior del departamento; particularmente se refirió a las debilidades evidenciadas en la región del Catatumbo, donde convergen aspectos como un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, la presencia de población indígena en condiciones de vulnerabilidad y considerables riesgos de reclutamiento de menores de edad por grupos al margen de la ley.

 

La funcionaria instó a los mandatarios territoriales a aumentar los esfuerzos para logar mejores tasas de cobertura en vacunación y requirió un especial seguimiento a la implementación de los planes de alimentación escolar. Concluyó que el Ministerio Público, desde el ejercicio de su función preventiva, continuará con el acompañamiento a la gestión de las autoridades responsables para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud.