Procuraduría General de la Nación presentó el estudio sobre el seguimiento de gestión en la zona de reserva de biósfera Seaflower y del Plan San Andrés frente al fallo de la Haya.

La Procuraduría General de la Nación, luego de realizar seguimiento desde hace más de dos años a la problemática social, económica y ambiental de la Reserva de Biosfera Seaflower y con el ánimo de contribuir a la construcción de políticas públicas aplicables al archipiélago de San Andrés y Providencia, presentó el estudio denominado “Análisis Sistémico de Seguimiento y Control de Gestión en la Zona de Reserva de Biósfera (ZRB) Seaflower, y del Plan San Andrés como Estrategia Emprendida por el Gobierno Nacional Frente al Fallo de la Haya”.

 

Algunas de las principales conclusiones que se evidencian en este documento señalan que: Es prioritario iniciar todo un proceso de reingeniería al interior de la autoridad ambiental Coralina, porque la actual es una entidad débil, con una baja capacidad de gestión y cumplimiento. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como cabeza del Sistema Nacional Ambiental, debe considerar la posibilidad de convertirse en un referente y un verdadero apoyo para esta Corporación Autónoma, frente a la implementación de políticas, asignación de recursos que permitan la capacitación de funcionarios y brindar los elementos logísticos, de personal y financieros tendientes a que esa autoridad ambiental pueda ejercer a plenitud la administración de la ZRB Seaflower en cuanto a procesos de seguimiento, control, administración y vigilancia.

 

De igual forma, es indispensable que ante el problema demográfico que se está presentando en la isla, se fortalezca la gestión de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE) para que pueda adelantar un efectivo control a los derechos de circulación y residencia en ese departamento.

 

El Ministerio Público dejó claro que es necesario darle coherencia a los mandatos constitucionales que establecieron un régimen especial para el archipiélago y en consecuencia mostrar al legislador la necesidad de darle coherencia y claridad al ordenamiento jurídico especial previsto para ese territorio insular y que se debe evaluar integralmente la expedición de normas que contengan un escenario ambiental particular para la región.

 

Frente a la problemática de desabastecimiento de agua potable, la Procuraduría resaltó que esto se da por la sobrexplotación del recurso hídrico, teniendo en cuenta que ha aumentando descontroladamente la población residente y sumado a los turistas que están ingresando a la isla, la cantidad de liquito disponible es inferior al necesario para abastecer al menos una hora diaria a toda la isla. 

 

Finalmente se recuerda que dada la importancia de su riqueza natural, la Ley 99 de 1993 ordenó la constitución del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como reserva de biosfera pero sólo hasta el año 2000 la UNESCO declaró gran parte de la zona marítima y la zona insular del archipiélago como tal, lo cual hace que esta área sea considerada como especialmente valiosa por su biodiversidad y ostente un rol de importancia internacional para fines de conservación por su riqueza en especies, recursos genéticos y ecosistemas estratégicos y frágiles.

 

Por último, la Procuraduría General de la Nación, en sede preventiva, formuló un llamado a los ministros del Gobierno, al director del Departamento Nacional de Planeación y al gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para efectuar un trabajo conjunto inmediato y coordinado entre las entidades del orden nacional como departamental en relación con la construcción, de una adecuada estrategia social, económica y ambiental que se vea reflejada en mejoras concretas del nivel de vida de los habitantes del archipiélago, en cambios en las formas de ocupación del suelo; pero sobre todo en la protección efectiva de los importantes ecosistemas de la zona de reserva de biósfera Seaflower, entendiéndose esto último como un referente transversal a cualquier forma de acción.