Procuraduría General de la Nación presentó informe de seguimiento a implementación de la Ley sobre acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual, especialmente en el marco del conflicto armado
- Se requieren mayores avances en la incorporación de un componente único de información al Sistema de Registro Unificado de Casos de Violencia contra la Mujer, que permita conocer la dimensión de la violencia sexual con ocasión del conflicto.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, presentó un detallado informe que condensó los reportes de las entidades con competencias en la implementación de la Ley 1719 de 2014, por la que se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.
La procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda destacó la labor que, incluso antes de la promulgación de la citada norma, ha adelantado este organismo de control para la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de violencias en el marco o al margen del conflicto. Asimismo indicó que, en atención a lo ordenado por la Ley 1719, la Procuraduría le solicitó a las entidades con competencias en su implementación la designación de los delegados al comité de seguimiento; diseñó el esquema para la identificación de responsabilidades institucionales y para la condensación y análisis de los reportes de ejecución, y construyó este primer informe, entre otras actuaciones.
Desde el 18 de junio de 2014, cuando entró en vigencia esta norma, se registran avances significativos en aspectos como la conformación de las instancias de coordinación interna; la prestación de atención psicosocial permanentemente a las víctimas; la garantía de la atención prioritaria dentro del sector salud de forma gratuita; la adopción de medidas provisionales de protección, y la definición de criterios de selección e implementación de programas de formación especializados y continuos para los representantes judiciales de víctimas.
Un factor crítico en el que aún no se han logrado los avances esperados es la incorporación al Sistema de Registro Unificado de Casos de Violencia contra la Mujer de un componente único de información, que permita conocer la dimensión de la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, monitorear los factores de riesgo de la misma, y aportar elementos de análisis para evaluar las medidas adoptadas en materia de prevención, atención y protección.
La ley señala que para la estructuración de dicho componente se deben articular y unificar los sistemas de registro e información sobre violencia sexual (especialmente en el marco del conflicto) del Instituto Nacional de Medicina Legal, de los ministerios de Defensa y de Salud, de la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría, la Rama Judicial, las IPS y las EPS. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en coordinación con la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Instituto Nacional de Medicina Legal, deben asesorar la incorporación del componente descrito al citado Sistema de Registro Unificado.
De otra parte, la procuradora delegada señaló la importancia de continuar en el Ministerio de Defensa el fortalecimiento de la política sobre los derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, equidad y violencia basada en género.
La segunda sesión de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1719 se llevó a cabo este miércoles 8 de abril en la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con la asistencia de representantes de los ministerios del Interior, de Justicia, de Salud y de Defensa; de la Fiscalía General de la Nación, del Consejo Superior de la Judicatura, de los institutos Nacional de Medicina Legal y Colombiano de Bienestar Familiar; de la Policía Nacional, del DANE, de la Defensoría del Pueblo, de las unidades Nacional de Protección y de Atención y Reparación a las Víctimas, así como de cuatro congresistas, tres delegados de organismos internacionales y las integrantes del Comité de Seguimiento al Cumplimiento de la ley de no violencia contra la mujer (Ley 1257 de 2008).